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Sumar pide ilegalizar miles de cultivos en Doñana y los agricultores estallan: «Criminaliza a familias»

Sumar apunta que hay una superficie de mil hectáreas "regada sin autorización"

"Es el equivalente a 1.000 campos de fútbol, es sencillamente imposible", aclara Asaja

Sumar, el partido fundado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha instado a ilegalizar más de 1.000 hectáreas de cultivos en las inmediaciones de Doñana por ser una «superficie regada sin autorización». Desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) aseguran que esta acusación es «falsa y ridícula» y que, además, están «criminalizando a decenas de familias de agricultores».

La formación de Yolanda Díaz ha registrado una pregunta parlamentaria en la que se exigían «medidas ante la existencia de 1.180,2 hectáreas de cultivos ilegales en el entorno de Doñana». La cuestión la firmó el pasado 18 de noviembre su diputado en el Congreso Juan Antonio Valero Morales.

Sumar ha hecho alusión a una publicación de la entidad World Wide Fund for Nature (WWF) en la que se aseguraba que en el parque natural existían «1.180,2 hectáreas de cultivos ilegales», basándose en una serie de imágenes capturadas por satélite. Además, ha ahondado en que «casi el 80% de esos cultivos con cultivos ilegales de fresas y frutos rojos». En la pregunta del partido de Yolanda Díaz se ha justificado esa afirmación en que la «superficie regada sin autorización supondría un volumen estimado de 6 millones de metros cúbicos de agua extraída ilegalmente del acuífero». Ha sostenido que, utilizando esa agua, se producirían «30.000 toneladas de fresas y frutos rojos cultivados ilegalmente que podrían comercializarse en los mercados europeos a partir de diciembre».

En su pregunta parlamentaria, con respuesta por escrito del Gobierno, se ha señalado directamente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de quien aseguraba que contaba con «medios suficientes para detectar estos cultivos». Y han acusado a la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno de «absoluta inacción».

En ese sentido, han sostenido que se había aprobado una «concesión directa de 70 millones de euros para financiar proyectos locales que contribuyeran al cumplimiento de los objetivos» del Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico que hasta hace unas semanas encabezaba la ahora vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera. También se ha recordado que se entregarían 706 millones de euros a través de diversos ministerios. Todo ello, tendría que haber estado ligado «al cierre de los pozos ilegales y el cese del regadío ilegal», apunta la formación magenta. Sin embargo, han puntualizado que «la superficie de riego no ha disminuido».

Por todo ello, han interrogado al Gobierno sobre si «tiene conocimiento» de la «ubicación de estos cultivos» que denuncia la asociación ecologista. En esa línea, han cuestionado si «ha tomado medidas» a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir «para impedir el riego ilegal de estos cultivos». También pretenden saber si se ha hecho algo para «evitar que esas 30.000 toneladas de fresas y frutos rojos cultivados ilegalmente se comercialicen en los mercados europeos, generando ganancias a los responsables». También ha preguntado si «se plantea tomar medidas cautelares como el cierre de pozos y el precinto de hectáreas ilegales».

Por otro lado, en alusión a la Junta de Andalucía, ha instado al Gobierno a «incentivar» al Ejecutivo autonómico de Juanma Moreno con «alguna herramienta» para conseguir los objetivos que plantean desde Sumar.

Parque de Doñana.

«Afirmación falsa y ridícula»

Félix Sanz, secretario general de Asaja Huelva, asegura a OKDIARIO que esa afirmación es «además de falsa, totalmente ridícula». Tilda como «una falta de respeto a la sociedad» que «en el enclave más vigilado de Europa, en pleno siglo XXI, se cultivan de forma ilegal el equivalente a 1.000 campos de fútbol». «Es sencillamente imposible», sentencia.

A ojos de Sanz, «ellos son, junto a los ayuntamientos del entorno de Doñana, grandes beneficiarios del Acuerdo de Doñana firmado hace más de un año con el fin de convertir tierras de regadío en secano o forestal». Todo ello mientras los agricultores «siguen sin poder acogerse a él porque las administraciones no han publicado las bases reguladoras».

El secretario general de Asaja Huelva insta a los ecologistas a hacer algo «útil» y que exijan «a las administraciones que cumplan el acuerdo». Mientras, les exige no «criminalizar a decenas de familias de agricultores que están cultivando legítimamente sus tierras».

Por último, describe como «intolerable» que los «ayuntamientos y asociaciones diversas, entre ellas las ecologistas, hayan percibido los fondos» mientras que los agricultores «siguen esperando mientras además sufren el descrédito de estas organizaciones». Y esto a pesar de que son los «auténticos protagonistas e impulsores del acuerdo».