Los sindicatos de prisiones avisan que Illa planea poner en semilibertad a 288 presos por la saturación de las cárceles

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 12/09/2026 05:45
  • Actualizado: 12/09/2026 05:45

Los sindicatos de prisiones avisan que la Generalitat de Cataluña, en manos del socialista Salvador Illa, planea poner en semilibertad a 288 presos por la saturación de las cárceles. De consumarse esta estrategia, «internos potencialmente peligrosos podrían dejar de regresar cada noche a prisión sin haber completado su tratamiento, ni reparado el daño causado y bajo mecanismos de control menos intensos», declaran a OKDIARIO desde el colectivo.

Esta comunidad autónoma tiene las competencias transferidas, al igual que el País Vasco, que también está en la picota por dejar en semilibertad a presos etarras sin arrepentimiento, como ha ocurrido esta semana con Henri Parot, autor de 82 asesinatos y condenado a 4.800 años de cárcel, a quien la consejera vasca de Justicia, María Jesús San José, ha concedido el tercer grado.

En concreto, según las citadas fuentes, la Generalitat pretende llevar a cabo una «aplicación expansiva» del artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario. Dicho artículo permite que un interno en tercer grado deje de pernoctar en prisión y cumpla la condena en su domicilio, sometido a controles que pueden limitarse a llamadas telefónicas, videollamadas o comparecencias periódicas.

El tercer grado clásico permite al interno estar en semilibertad: puede salir de prisión para trabajar, pero por la noche regresa para pernoctar. La concesión del artículo 86.4 es algo excepcional respecto del régimen abierto ordinario y debe estar fundada en causas justificadas. Sin embargo, ahora ya no será tan excepcional.

Ha sido un nuevo modelo de informe de propuesta de aplicación del artículo 86.4, enviado a los técnicos de tratamiento el pasado 21 de agosto y al que ha tenido acceso OKDIARIO, lo que ha hecho saltar todas las alarmas entre los funcionarios de prisiones de Cataluña. Los nuevos criterios internos permiten proponer esta modalidad a personas con un riesgo de violencia medio o alto, sin que esos niveles actúen como causa automática de exclusión. Tampoco es necesario haber alcanzado todos los objetivos del tratamiento.

Además, la responsabilidad civil sólo debe constar en el informe cuando se considere relevante para el programa de tratamiento, el pronóstico de reinserción o las obligaciones derivadas del delito. En consecuencia, ahora permite proponer a internos con riesgo medio o alto sin exigir con carácter general que hayan pagado la responsabilidad civil a las víctimas.

Este nuevo modelo de informe fue remitido por la subdirectora general de Programas de Rehabilitación y Sanidad de la Generalitat, Gemma Torres Ferrer. A partir de su envío, el nuevo criterio entró en vigor.

Esta medida se enmarca en la política de la Generalitat de querer superar el 25% de presos en régimen abierto cuanto antes, tal y como ha reconocido recientemente el director general de Asuntos Penitenciarios del gobierno catalán, Domingo Estepa Camacho. Actualmente, en Cataluña hay 9.597 presos, por lo que pasar del 22% actual a más del 25% en régimen abierto supondría incorporar un mínimo de 288 internos adicionales.

Denuncia ante la Fiscalía

Ha sido el Sindicato Catalán de Prisiones (SICAP-Fepol) quien ha denunciado públicamente este «grave cambio de criterio que vacía de contenido las penas con el pretexto de descongestionar las cárceles debido a la gran masificación de las prisiones catalanas».

Además, ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía Superior de Cataluña, para que impida que «se eliminen filtros o se rebajen exigencias para alcanzar un porcentaje predeterminado de presos en tercer grado».

Sicap-Fepol acompaña su escrito de una serie de indicios documentales, entre ellos los ya citados, que «justifican un control reforzado sobre una posible expansión sistémica de las modalidades de cumplimiento en régimen abierto y extrapenitenciario, la motivación real de los expedientes y el cumplimiento efectivo de las garantías de fiscalización».

También ha alertado a los partidos de la oposición en el Parlamento de Cataluña, para que exijan cambios en esta «política buenista».

Presiones a los técnicos

Según informa este sindicato, «la falta de plazas de régimen ordinario en las cárceles catalanas está generando presiones sobre los equipos de tratamiento para incrementar las propuestas de tercer grado». Esta organización ha recibido información sobre «peticiones de cantidades cerradas de hasta 20 terceros grados en algunos centros penitenciarios, como si la clasificación penitenciaria pudiera gestionarse mediante cuotas de producción y no mediante el estudio individualizado de cada interno».

Ante esta situación, Sicap-Fepol reclama al Ministerio Público que investigue si existen cuotas, objetivos numéricos o presiones sobre las juntas de tratamiento y que se revisen especialmente los expedientes de internos con riesgo medio o alto, antecedentes violentos, quebrantamientos, consumo activo u órdenes de alejamiento.

«La reinserción exige tratamiento, seguimiento y recursos humanos y económicos para completar ese tratamiento. Y vaciar las penas para esconder la falta de plazas es una temeridad que pone en riesgo a las víctimas y a la sociedad en su conjunto», sentencia Miguel Pueyo Pérez, secretario general de SICAP, y exige a Illa la destitución inmediata del director general de prisiones, Domingo Estepa.

Libertad condicional encubierta

Este sindicato hace hincapié en que la Administración no puede utilizar el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario «como una libertad condicional encubierta». Además, indica que «aplicar este mecanismo de forma masiva o insuficientemente individualizada puede desnaturalizar el sentido de las penas antes de que el control fiscal y judicial llegue a ser efectivo».

Para este sindicato, es «especialmente grave» que se flexibilice el cumplimiento de las penas «sin garantizar de forma reforzada la protección de las víctimas y la valoración actualizada del riesgo de reincidencia, los antecedentes violentos, los quebrantamientos de condena, las órdenes de alejamiento y la responsabilidad civil».

«Las víctimas merecen que los responsables de los delitos cumplan sus penas de forma efectiva. Permitir que un condenado deje de pernoctar en prisión y quede sometido a controles de menor intensidad puede vaciar materialmente el contenido de la pena», concluye Pueyo indignado.