España

Sánchez negocia traspasar los jueces de vigilancia penitenciaria a Torra para excarcelar a los golpistas

Quim Torra quiere el indulto a los presos del 1-O y más que probables condenados. Pero el indulto a los golpistas es una exigencia de muy difícil plasmación por el elevado coste político que tendría la medida para el PSOE.

La solución puesta en la mesa por Torra: el traspaso del control de los jueces de vigilancia penitenciaria. Ellos son los que determinarán en última instancia la dureza o suavidad de la estancia en la cárcel, la permanencia o salida de los presos, durante el cumplimiento de su condena. Y si estos jueces pasan a manos de la Generalitat, no haría falta un indulto por parte del Gobierno de Sánchez, sino que bastaría con aplicar una medida de gracia ya en territorio catalán.

La reforma, además, podría ser medianamente discreta: su aprobación ni tan siquiera se tendría que hacer de forma individualizada. Y es que el traspaso del Poder Judicial que incluyó el Estatuto catalán inicialmente diseñado en época de Zapatero -y que tumbó el Tribunal Constitucional en este apartado- suponía de facto el traspaso del control de estos jueves de vigilancia penitenciara -incluidos en el orden jurisdiccional penal-.

Pedro Sánchez ya ha ofrecido la recuperación de ese Estatuto inicial. Y se lo ha ofrecido a todos los partidos separatistas a través del PSC. Ese traspaso supondría, de este modo, el traspaso de las competencias en esta materia penitenciaria.

El TC obligó a su eliminación

Hay que recordar que el Tribunal Constitucional obligó a eliminar este apartado. Un apartado que no sólo rompería la unidad judicial en toda España sino que, como es obvio, haría que los nuevos controladores de un Poder Judicial catalán tuviesen grandes posibilidades de manipular los nombramientos de los futuros encargados de vigilar -o no- el cumplimiento -o no- de las penas de los golpistas separatistas.

El Gobierno sabe que esta vía es más sencilla que la de impulsar un indulto. Porque ni el Tribunal Supremo ni la Fiscalía piensan allanar el camino al Gobierno en un perdón a los futuros condenados por el 1-O. Y sin sus informes favorables, el coste político de una medida así para el Gobierno de Sánchez es excesivo. Por eso los golpistas también pueden aceptar esta reforma: saben que cuentan con amplias competencias en materia penitenciaria, pero les falta una clave. La de los jueces de vigilancia penitenciaria.

El Gobierno sabe que esta vía es más sencilla que la de impulsar un indulto

Estos jueces son los hombres decisivos a la hora de poner en la calle a un preso o de favorecer su estancia en prisión argumentando que su comportamiento es excepcional, que se ha readaptado, que carece de peligrosidad, que necesita contacto con otras personas para evitar un daño excesivo al preso o cualquier otro argumento que, en caso de ser controlados los jueces de vigilancia penitenciaria por la Generalitat en vez de por el Estado central, pudiesen usar para acelerar la excarcelación de los golpistas del 1-O.

Las competencias penitenciarias mayoritarias están en Cataluña en manos del Departamento de Justicia desde 1984. Pero no así los jueces de vigilancia penitenciaria, que siguen dependiendo de la Administración española. Esa faceta común hace que los presos tengan un tratamiento similar en toda España. Y eso es precisamente lo que quieren romper los partidos golpistas.

Tener esta competencia permitiría acelerar las salidas a la calle de los imputados y casi seguro futuros condenados por el 1-O. Abriría la vía a infinidad de beneficios penitenciarios y no sólo con la óptica de agilizar sus salidas de la cárcel, sino también con el propósito de hacer más fácil su estancia dentro de la cárcel. Y hay que recordar que uno de los objetivos de los separatistas es que los imputados puedan ejercer funciones políticas desde la cárcel.