Roger Torrent encargó a un interventor ilegal la fiscalización de sus cuentas municipales

Roger Torrent
Roger Torrent, presidente del Parlament de Cataluña. (Foto: AFP)
Carlos Cuesta

El actual presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, contó con un interventor ilegal para fiscalizar las cuentas municipales mientras era alcalde de Sarrià de Ter.

Torrent dejó el pasado 19 de enero el bastón de mando para ponerse en el ojo del huracán y suceder a Carmen Forcadell como presidente del Parlament. En su municipio, Sarrià de Ter, nombró a Isidre Llucià Sabarich interventor municipal, algo totalmente ilegal, según los documentos recabados por OKDIARIO.

El interventor ha vulnerado su capacidad de actuación en los distintos municipios catalanes, según el dictamen oficial del Sìndic de Greuges, y ha recibido ya, de hecho, la advertencia en otros municipios de que debe cesar en su actividad. Pese a ello, y pese a contar con un nombramiento que ya ha sido declarado ilegal, por ejemplo, en la localidad de Susqueda, Torrent lo ha mantenido como responsable del control de la limpieza, veracidad y legalidad de sus cuentas municipales.

Sabarich ha levantado ya la polémica en el municipio de Susqueda. Y es que teniendo dos plazas como interventor ya asignadas –una directa y otra ampliada–, no debería haber podido encargarse legalmente de la intervención de más municipios. Pero, pese a ello, ha seguido acumulando más localidades en sus labores de supuesto control de las cuentas públicas: la primera, la citada Susqueda, y la segunda, el municipio del que ha sido alcalde hasta hace dos meses Torrent, Sarrià de Ter.

La justificación a esta limitación legal es obvia. Si un interventor se encarga de demasiadas cuentas municipales resulta imposible que las fiscalice de forma adecuada. Y eso es precisamente lo que levanta la sospecha. Porque el incentivo a contratar a un interventor por encima de su capacidad legal sólo puede ser, precisamente, el de que realmente no audite las cuentas.

El recién nombrado presidente del Parlament, Roger Torrent, ha ejercido durante los últimos 10 años su cargo de regidor en el municipio en el que comenzó como concejal. Acaba de traspasar la vara al primer teniente de alcalde, Narcís Fajula (ERC). Y es, además, la marca de la influencia de ERC la que predomina en los municipios donde se ha implantado el interventor.

Saqueo de Aigües de Girona

Hay que recordar que no es el primer caso que salpica a Torrent. La Agencia Tributaria ha señalado ya que el nuevo presidente del Parlament consintió y ocultó el saqueo de más de 10 millones de euros en la empresa mixta Aigües de Girona Salt i Sarrià de Ter SA (AGISSA), que actualmente investigan la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 2 de Gerona.

El juez ya ha imputado en la causa al ex consejero delegado de la empresa mixta, Narcís Piferrer. Pero un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario apunta directamente a la responsabilidad de los órganos de gobierno de los tres ayuntamientos implicados: los de Gerona (cuyo alcalde era Carles Puigdemont desde 2011 a enero de 2016), Sarrià de Ter (cuyo alcalde ha sido Roger Torrent durante los últimos 10 años, desde junio 2007) y Salt (cuyo regidor ha sido hasta 2015 Jaume Torramadé, de CiU).

En el caso de Puigdemont y el actual presidente del Parlament su responsabilidad es doble: el primero presidió Aigües de Girona desde noviembre de 2011 hasta julio de 2013, mientras que Roger Torrent ocupó el mismo cargo entre noviembre de 2015 y marzo de 2016.

El informe de la Agencia Tributaria señala que los responsables municipales conocían y consintieron las irregularidades que se estaban produciendo en la empresa concesionaria de aguas, que cifra en un desfalco de 10 millones de euros. Los tres ayuntamientos se repartían el 20% del accionariado de Aigües de Girona, mientras que el 80% restante corresponde a la empresa privada Girona SA.

Falsearon las cuentas de la empresa mixta

El informe de Hacienda señala que, durante 15 años, los gestores de Aigües de Girona han falseado las cuentas de la empresa concesionaria para desviar ilícitamente a sus socios cerca un millón de euros anuales. De este modo, Aigües de Girona ha acumulado pérdidas por importe de 7 millones de euros, mientras los tres ayuntamientos y el socio privado saneaban sus cuentas repartiéndose los ingresos procedentes de la factura del agua que pagan los consumidores.

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