• Sira Lobato
• sira.lobato@okdiario.com
• • 20/04/2026 20:50
  • Actualizado: 20/04/2026 21:46

La Audiencia Nacional se convierte en el epicentro de un desfile judicial sin precedentes donde ex presidentes del Gobierno, ex ministros, altos mandos policiales, agentes encubiertos y confidentes han sido llamados a declarar, después de que OKDIARIO destapase el caso Kitchen en 2018. En el foco de la justicia, los diez acusados afrontan peticiones de pena que superan holgadamente el siglo de cárcel en su conjunto por su papel en una red parapolicial que presuntamente utilizó recursos y fondos reservados del Estado para encubrir la corrupción del partido en el Gobierno. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, presidida por la magistrada Teresa Palacios, acogerá en su sede de San Fernando de Henares un macroproceso intenso de más de 20 de sesiones, que se extenderá hasta el 30 de junio de 2026.

Desde el lunes 6 de abril de 2026, el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asume el protagonismo político de un proceso que marca la historia judicial reciente: la Operación Kitchen. Según la Fiscalía, es el presunto cabecilla político de una trama orquestada para robar los pendrives y agendas de la «caja B» al ex tesorero Luis Bárcenas, evitando que llegaran a manos del juez. Fernández Díaz llega al banquillo para defender su inocencia, alegando que los SMS que le incriminan son falsos y que desconocía el operativo. En este escenario, el foco judicial se divide en una perfecta cadena de mando: por un lado, Francisco Martínez, su entonces número 2, señalado como el gestor de los fondos reservados y enlace con las cloacas; en el nivel policial, el ex DAO Eugenio Pino y el ex comisario José Manuel Villarejo, los estrategas y ejecutores operativos; y Sergio Ríos, el chófer convertido en «topo» e infiltrado en la familia Bárcenas.

Los acusados principales

Jorge Fernández Díaz

Ingeniero industrial y político de larga trayectoria en el Partido Popular, desempeñó el cargo de ministro del Interior entre 2011 y 2016 tras haber ocupado diversos puestos de alta responsabilidad en la administración. Actualmente retirado de la política, la investigación lo sitúa al frente del entramado, supervisando presuntamente el operativo para sustraer documentos que comprometían al PP y a Mariano Rajoy. Se le vincula directamente con los SMS enviados a su número dos sobre el éxito de la operación, por lo que está siendo juzgado por malversación, encubrimiento y delitos contra la intimidad. Aunque se declara inocente y su perito sostiene que los mensajes son falsos o han sido manipulados, afronta una petición de pena de entre 15 años (Fiscalía) y 47 años y 10 meses (PSOE) de cárcel.

Francisco Martínez Vázquez

Letrado de las Cortes Generales con el número uno de su promoción y actualmente abogado en ejercicio, desempeñó el cargo de secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016. Como «número dos» de Interior, actuó presuntamente como el enlace indispensable entre el ministro y la cúpula policial, gestionando los fondos reservados utilizados para costear el espionaje al chófer de Bárcenas. Tras sentirse abandonado por su partido, protocolizó ante notario sus chats con el ministro como un «seguro de vida» y ha declarado que las órdenes venían de «muy arriba». Se le imputan delitos de malversación y revelación de secretos, por lo que afronta una petición de pena de entre 15 años (Fiscalía) y 38 años y 3 meses (PSOE) de cárcel.

Eugenio Pino Sánchez

Comisario de carrera en unidades de élite y arquitecto de la estructura policial durante la etapa de Fernández Díaz, desempeñó el cargo de Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional entre 2012 y 2016. Actualmente jubilado, se le señala como el supervisor del despliegue de unidades especiales para el espionaje ilícito y la destrucción de pruebas, autorizando el uso de recursos antiterroristas para fines partidistas. Aunque en sus declaraciones defiende que se trató de una «operación de inteligencia» legítima para recuperar documentos sensibles para el Estado, se le imputan delitos de prevaricación, malversación y delitos contra la intimidad, por lo que la Fiscalía solicita para él una pena de 15 años de cárcel.

José Manuel Villarejo

Comisario de la Policía Nacional que operaba simultáneamente como empresario privado a través del Grupo Cenyt, se encuentra actualmente jubilado e imputado en múltiples piezas del caso Tándem. En la trama fue el encargado de captar al chófer Sergio Ríos, a quien pagaba 2.000 euros mensuales en metálico procedentes de fondos reservados, mientras grababa de forma sistemática las reuniones estratégicas del operativo y conservaba los recibís para blindarse. Aunque en sus declaraciones sostiene que trabajaba para el Estado y que el CNI y Mariano Rajoy estaban al tanto de todo, se le imputan delitos de cohecho, malversación y organización criminal, por lo que afronta una petición de pena de entre 19 años (Fiscalía) y 38 años y 3 meses (PSOE) de cárcel.

Andrés Manuel Gómez Gordo

Comisario de la Policía Nacional y anteriormente director de seguridad de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, actuó como el nexo político y captador indispensable en la trama. Utilizó su relación de confianza con el chófer Sergio Ríos para convencerle de traicionar a la familia Bárcenas a cambio de pagos con fondos reservados y una plaza en el cuerpo policial. Aunque en sus declaraciones enmarca sus gestiones en labores de inteligencia, se le imputan delitos de malversación, prevaricación y encubrimiento, por lo que afronta una petición de pena de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía

Sergio Javier Ríos Esgueva (alias «El Chef»)

Exmilitar y profesional de la seguridad privada, que en la actualidad es miembro de la Policía Nacional (plaza obtenida supuestamente como recompensa), ejerció como chófer de la familia Bárcenas. En la trama desempeñó el papel fundamental de «topo», facilitando el acceso a los teléfonos mediante el uso de una «caja de Faraday» en el vehículo y delatando la ubicación de documentos comprometedores a cambio de cobrar un total de 48.000 euros de los fondos reservados. Aunque en sus declaraciones alega que creía colaborar en una operación oficial contra un corrupto, se le imputan los delitos de cohecho y malversación, por lo que afronta una petición de pena de 12 años y 5 meses de cárcel solicitada por la Fiscalía.

Marcelino Martín Blas

Comisario de carrera, actualmente jubilado, ejerció como jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Su participación en la trama consistió en brindar apoyo operativo inicial, ya que su unidad ejecutó los primeros seguimientos y vigilancias ilegales a la familia Bárcenas. En sus declaraciones niega su implicación en actividades ilícitas y señala a la jerarquía de la DAO (Eugenio Pino) como responsable. Se le imputa un delito de encubrimiento, por lo que afronta una petición de pena de 2 años y 6 meses de cárcel solicitada por la Fiscalía.

José Luis Olivera Serrano

Investigador en casos de corrupción, actualmente en situación de jubilado, ejerció como jefe de la UDEF y posteriormente como director del CITCO. Su implicación en la trama radica en que se le acusa de torpedear la investigación del inspector Manuel Morocho (caso Gürtel) para proteger al PP, aunque en sus declaraciones niega haber ejercido dichas presiones y sostiene que su labor fue estrictamente profesional. Se le imputan los delitos de organización criminal, encubrimiento y tráfico de influencias, por lo que se enfrenta a una petición de pena de 19 años y 6 meses de cárcel por parte de las acusaciones populares, ya que la fiscalía no le acusa.

José Ángel Fuentes Gago

Inspector jefe de la Policía Nacional, que en la actualidad ejerce su cargo en tareas burocráticas, fue la mano derecha y jefe de Gabinete de Eugenio Pino (DAO). Su implicación en la trama se sustenta en su aparición en las agendas de Villarejo coordinando reuniones y trámites administrativos del operativo Kitchen. Está acusado de organización criminal, encubrimiento y revelación de secretos, por lo que se enfrenta a una petición de pena de cárcel de 13 años y 6 meses por parte de las acusaciones populares, ya que la fiscalía no le acusa.

Bonifacio Díez Sevillano

Inspector jefe policial, en situación de jubilado, prestó apoyo administrativo y operativo en la trama y estuvo vinculado a la gestión de informes y movimientos internos relacionados con Villarejo. Se le imputan los delitos de organización criminal, encubrimiento y revelación de secretos, por lo que afronta una petición de pena de 13 años y 6 meses de cárcel por parte de las acusaciones populares, ya que la fiscalía no le acusa.

Testigos clave

Luis Bárcenas Gutiérrez

Gestor y político que acumuló un inmenso poder interno en las finanzas del Partido Popular desde los años 80, desempeñó los cargos de tesorero y gerente de la formación hasta 2009, además de ser senador hasta 2010. Actualmente en libertad condicional tras cumplir parte de su condena, figura en esta trama como acusación particular en calidad de perjudicado, ya que la cúpula de Interior orquestó presuntamente el operativo para robarle documentos sobre la «caja B» del partido que guardaba como seguro de vida. En sus declaraciones, ha revelado que su chófer, Sergio Ríos, tenía acceso permanente a su teléfono y que incluso le fabricó un sobre a modo de «caja de Faraday» para evitar rastreos; asimismo, ha confesado haber ordenado desde la cárcel la eliminación de audios comprometedores relacionados con Mariano Rajoy que conservaba en la nube.

Fernando Grande-Marlaska

Juez de carrera y ex magistrado de la Audiencia Nacional, desempeña el cargo de ministro del Interior desde 2018 tras haber sido vocal del CGPJ. En el marco del operativo Kitchen no tiene ninguna implicación en los hechos delictivos, ya que estos ocurrieron bajo el mandato del anterior gobierno, por lo que comparece exclusivamente en calidad de testigo. Su declaración técnica se centra en explicar el funcionamiento y manejo de los fondos reservados en el ministerio, así como en los procesos de desclasificación de documentos necesarios para el juicio y la situación administrativa actual de los agentes implicados en la trama.

Mariano Rajoy Brey

Político histórico del Partido Popular y registrador de la propiedad, presidente del Gobierno de España entre 2011 y 2018. Actualmente retirado de la vida política, se le señala en la investigación como el presunto beneficiario final del operativo, cuyo objetivo principal habría sido recuperar audios y documentos que le implicaban directamente. Aunque comparece en calidad de testigo tras rechazarse su imputación, ha negado rotundamente en sus declaraciones tener conocimiento de la operación Kitchen, haber ordenado espionaje alguno o incluso conocer personalmente al comisario Villarejo.

Soraya Sáenz de Santamaría

Rosalía Iglesias Villar

Esposa de Luis Bárcenas y encargada de gestionar el patrimonio familiar así como de custodiar información clave durante el encarcelamiento de su marido, se encuentra actualmente en semilibertad mientras cumple condena por el caso Gürtel. En esta trama figura como acusación particular en calidad de perjudicada, tras haber sido víctima directa de un asalto en su propio domicilio en 2013, donde fue encañonada por un «falso cura» que buscaba pendrives con información del PP. En sus declaraciones, ha testificado sobre el terror sufrido durante dicho asalto y cómo sus sospechas sobre el comportamiento errático de su chófer, Sergio Ríos, terminaron motivando el despido de este en 2014.

María Dolores de Cospedal

Abogada del Estado y expresidenta de Castilla-La Mancha, desempeñó cargos de máxima relevancia como secretaria general del Partido Popular y ministra de Defensa. Su relación con la trama se sustenta en audios incautados donde se la escucha reuniéndose con Villarejo para pedirle que frenara la difusión de «la libretita» de Bárcenas, coordinando presuntamente acciones con el entorno policial. Actualmente ejerce como abogada en el sector privado y comparece en calidad de testigo, tras ser citada para el 23 de abril de 2026. Aunque estuvo imputada hasta el archivo de su causa en 2021, la Audiencia Nacional ha rechazado recientemente, el 6 de abril de 2026, la petición del PSOE para volver a incluirla como investigada.

Javier Arenas

Político andaluz y figura clave en la estructura territorial del Partido Popular, desempeñó el cargo de vicesecretario de política autonómica y local de la formación entre 2008 y 2012. Actualmente ejerce como senador y comparece en la trama en calidad de testigo, al haber sido mencionado directamente por Luis Bárcenas como uno de los dirigentes de los que poseía grabaciones comprometedoras; audios que, presuntamente, fueron el objetivo del robo o la destrucción por parte del operativo investigado.

Félix Sanz Roldán

General de Ejército actualmente jubilado, desempeñó el cargo de director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entre 2009 y 2019. Su papel en la trama es objeto de investigación tras haber sido señalado directamente por agentes de la UCAO como el responsable del organismo que realizó el «casting» y proporcionó al individuo que se disfrazó de cura para asaltar el domicilio de la familia Bárcenas. Comparece en calidad de testigo y deberá responder ante el tribunal sobre la implicación, ya fuera oficial u oficiosa, de los servicios secretos en esta trama parapolicial de carácter partidista.

Agentes encubiertos de la UCAO

Policías nacionales especialistas en el área especial de seguimientos, habitualmente destinados a la lucha contra el terrorismo yihadista, actuaron bajo el mando del comisario Enrique García Castaño («El Gordo») entre 2013 y 2015. En la trama fueron los ejecutores materiales que realizaron los seguimientos físicos e ilegales a la familia Bárcenas durante casi dos años, y actualmente permanecen en activo, siendo identificados en el juicio solo por su número de placa para proteger su identidad. Su testimonio ha resultado clave al dinamitar la versión oficial, revelando que el CNI hizo el «casting» para elegir al falso cura. Calificaron la Operación Kitchen como «una pérdida de tiempo y una vergüenza» por usar recursos antiterroristas. Afirman que García Castaño les decía que las órdenes venían «de muy, muy arriba» y que era «cosa de Rajoy».