Primeras querellas contra Sánchez, Marlaska y Mazón por homicidio imprudente en su gestión de la DANA

La asociación Iustitia Europa ha presentado en los tribunales dos querellas contra el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el presidente Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska por su gestión tras la DANA que ha asolado Valencia y Castilla-La Mancha. Lo hacen por los presuntos delitos de omisión del deber de socorro, prevaricación omisiva, homicidio imprudente y lesiones. La querella contra Mazón ha sido interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, mientras que la querella contra Sánchez y Marlaska se ha presentado ante el Tribunal Supremo. Por el momento, no se ha decidido la admisión a trámite. 

La ineficaz respuesta a la DANA, que ya ha causado más de 200 muertos y la devastación de una quincena de localidades, se ha denunciado en los tribunales. La asociación que dirige el abogado Luis María Pardo acusa a Mazón de «abandono absoluto» en la gestión de la emergencia. En un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, se detalla una cadena de fallos y omisiones flagrantes, resaltando que Carlos Mazón ignoró la gravedad de la DANA y las posibilidades existentes de preparar la emergencia a través del Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), un protocolo diseñado específicamente para actuar en catástrofes de esta magnitud.

«Pese a que las alertas de la AEMET advertían de lluvias torrenciales y riesgo extremo desde el 24 de octubre, el presidente autonómico, no solicitó la intervención de la UME hasta cuando ya existían las inundaciones, ha omitido la ley de protección civil y no ha solicitado el Estado de Alarma y, al parecer, subestimó los riesgos en sus comparecencias públicas, dejando a la población en una situación de extrema vulnerabilidad», señala Iustitia Europa en una nota remitido a los medios. Y prosigue: «El deber del presidente Mazón era actuar y coordinar los recursos, no dejar que los ciudadanos enfrentaran solos una tragedia evitable».

La querella recalca que la falta de actuación efectiva, en contraste con las advertencias meteorológicas, supone una infracción directa del deber de protección civil que Mazón debía ejercer como jefe del Ejecutivo valenciano.

La asociación también ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el presidente y el ministro del Interior, por la omisión de sus responsabilidades en la gestión de la DANA, que ha anegado el levante español desde el pasado 30 de octubre de 2024. «El ministro del Interior han omitido de manera flagrante sus funciones constitucionales, establecidas claramente en la Constitución, la Ley de Protección Civil y la Ley de Estados de Alarma, Excepción y Sitio. A pesar de las alertas rojas de riesgo extremo emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) con varios días de antelación, que exigían una respuesta inmediata y coordinada, el Gobierno no declaró la situación como emergencia nacional. En este contexto, el Ministro del Interior, debía asumir el mando operativo y coordinar las actuaciones de protección civil», anuncia la querella.

Denuncia contra la AEMET

Las acciones judiciales también se extienden contra los responsables de la Agencia Española de Meteorología (AEMET). En concreto, contra su presidenta, María José Rallo del Olmo, y contra el director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Javier Montero Hernández. La denuncia ha sido interpuesta por el sindicato Manos Limpias, ya que considera que los hechos podrían incardinarse en los presuntos delitos de homicidio imprudente, de imprudencia grave de lesiones y de daños.

Manos Limpias alerta de que expertos de todo el mundo alertaron a España de la tragedia que podía originar la DANA. «El radar de Valencia, según la AEMET, estaba funcionando desde la mañana del día 28 de octubre. El agricultor Juanvi Pallester denunció el que los radares de la AEMET no funcionaban», explican los denunciantes. Y prosiguen asegurando que la alerta roja no llegó a toda la población. «Esta acusación popular ha esperado prudentemente a que el Ministerio Público procediera a la apertura de diligencias informativas, y dado el tiempo transcurrido ante su silencio, a esta acusación popular se han dirigido innumerables personas afectadas con objeto de que instáremos la correspondiente denuncia», anuncian. 

Delegación de Gobierno

Las reclamaciones en los tribunales también se extienden a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. La asociación Liberum ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por la inacción frente a las inundaciones en Valencia y la vulneración del derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral debido al incumplimiento de las obligaciones legales del Gobierno frente a una catástrofe de la magnitud de la DANA. Los denunciantes aseguran que se ha infringido el artículo 15 de la Constitución Española, que señala que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. 

Liberum pide medidas cautelares a los tribunales entre las que se encuentran ordenar a la administración competente la adopción inmediata de todas las medidas necesarias para garantizar la protección de la vida y la integridad física y moral de los ciudadanos afectados o la provisión urgente de servicios básicos como agua potable, alimentos y atención médica. También solicitan la eliminación de agua estancada y la desinfección de las áreas afectadas para prevenir brotes epidémicos. Las medidas urgentes también se extienden a que se implementen los planes de emergencia coordinados para gestionar la crisis de manera efectiva y la declaración del Estado de Alarma para movilizar recursos a nivel nacional.