El PSOE recurre a una ONG de trabajadoras del sexo para agilizar la regularización mientras promueve abolir la prostitución

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Investigación e información parlamentaria
• • 23/04/2026 05:46
  • Actualizado: 23/04/2026 07:43

El Gobierno del socialista Pedro Sánchez ha recurrido a una ONG de trabajadoras del sexo para agilizar la regularización masiva de inmigrantes ilegales mientras su partido promueve abolir la prostitución.

En concreto, se trata de la asociación Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), con sede en Murcia, que forma parte del listado de centenares de entidades colaboradoras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y acreditadas para el registro electrónico de extranjería en este proceso de regularización. Estas organizaciones han sido habilitadas para prestar asesoramiento a los inmigrantes sin papeles en dicha regularización y para emitir también el controvertido «certificado de vulnerabilidad».

Se da la circunstancia de que CATS Murcia es una asociación integrada mayoritariamente -aunque no exclusivamente- por trabajadoras sexuales, que también forman parte del voluntariado, equipo técnico y junta directiva (50%), según reza en su página web. El pasado octubre, Podemos registró una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para pedir la regularización de mujeres inmigrantes irregulares en situación de prostitución, trata o explotación sexual.

Si bien la ONG CATS tiene entre sus fines el de «luchar contra la explotación, la prostitución forzada y otras situaciones de violencia en prostitución», se ha manifestado abiertamente contraria a la abolición de la prostitución que defiende el Partido Socialista. Así, estas trabajadoras del sexo advierten de que una posible abolición de la prostitución «nos expondrá a más violencias».

El pasado febrero, cuando salió a la luz que el Ministerio de Igualdad había iniciado la tramitación de una modificación de las bases reguladoras de sus subvenciones para programas de sensibilización, prevención e investigación sobre las violencias contra las mujeres, donde apostaba por excluir de recibir ayudas a entidades que no sean abolicionistas de la prostitución, CATS Murcia y otras asociaciones acusaron al departamento de Ana Redondo de pretender «imponer una posición ideológica».

«Esta exigencia supone imponer una posición ideológica concreta, de carácter abolicionista, como requisito para acceder a los fondos públicos, lo que vulnera principios básicos que deben regular cualquier política pública en un Estado social y democrático de derecho», manifestaron.

Fue en junio de 2025 cuando la propia ministra de Igualdad anunció que su departamento presentaría un anteproyecto de ley abolicionista contra la prostitución en septiembre de aquel año. Sin embargo, desde entonces, ningún texto legislativo ha visto la luz y la iniciativa sigue estancada por las diferencias entre el PSOE y sus socios comunistas de Sumar en el Gobierno de coalición.

Estatutos del PSOE

Asimismo, en julio de 2025, el PSOE aprobó un cambio en los estatutos del partido para incluir una norma que permitiría la expulsión de cualquier militante que consuma prostitución. La medida fue adoptada por un partido político que presume de ser abolicionista de «todas las formas de proxenetismo», a pesar de que militantes y dirigentes de esta organización han protagonizado casos con prostitutas como los de la FAFFE, Tito Berni o la propia trama Koldo.

Por ejemplo, el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el que fuera su asesor, Koldo García, hablaban de repartirse mujeres para un fin de semana. Además, la trama, que también conformó el ex diputado por Navarra Santos Cerdán, enchufó a una madame rumana, Nicoleta, en la empresa pública Emfesa.

Por su parte, Jésica Rodríguez, ex novia de José Luis Ábalos, negó que se dedicara a la prostitución en su declaración realizada el pasado 7 de abril en el juicio de la trama Koldo en el Tribunal Supremo. «Soy dentista y estoy colegiada», respondió al abogado del ex ministro, añadiendo que en la fecha de su relación con Ábalos era «azafata de imagen».

En una declaración anterior ante el Alto Tribunal, en febrero de 2025, Jésica Rodríguez admitió ante el juez instructor Leopoldo Puente que pasó a formar parte de la empresa pública Tragasatec durante seis meses tras un cruce de mensajes entre Koldo y Ábalos para su recolocación, después de haber pasado dos años en la también pública Ineco, donde tampoco hizo nada, teniendo como superior inmediato al hermano de Koldo, Joseba García. En ambas sociedades dependientes del Gobierno, cobró sin ir a trabajar ni cumplir con sus obligaciones laborales.