El PSOE pacta con el PNV no tumbar en el Constitucional la ley proetarra de abusos policiales
El PSOE no sólo ha apoyado la ley vasca que se arroga poder para investigar unos supuestos abusos cometidos por la Policía en el País Vasco, la conocida como Ley de abusos policiales. No sólo se ha abstenido en la tramitación de dicha norma en navarra, que regula exactamente lo mismo para el territorio foral. Es que, además, todo ello forma parte del pacto de apoyo del PNV a la moción de censura de Sánchez: un acuerdo que incorpora, como segundo plato fuerte, el compromiso del PSOE y del Gobierno de Sánchez de no recurrir ante el Tribunal Constitucional unas leyes que adjudican a poderes políticos las funciones hasta ahora desarrolladas por los jueces.
El PP ya ha anunciado el recurso de estas normas ante el Tribunal Constitucional. Pero el PSOE no lo ha hecho: porque forma parte de los apoyos de supervivencia política de Pedro Sánchez. Y ello es así, aunque la Policía tenga que soportar una cacería lanzada desde organismos políticos vascos y navarros sin la cobertura de las obligatorias garantías judiciales que regula la Constitución Española.
La moción de censura contra Mariano Rajoy se culminó el 1 de junio de 2018. Un mes más tarde, el Constitucional anulaba la primera ley navarra de reconocimiento de víctimas de abusos policiales y grupos de extrema derecha, aprobada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezquerra más el apoyo del PSN y que estaba suspendida cautelarmente por el veto del Gobierno del PP.
La sentencia afirmó que era evidente el riesgo de “conculcar derechos fundamentales de todos cuantos pudieran verse sometidos o expuestos al escrutinio de la comisión”, un órgano político, no judicial, y, por lo tanto, sin las necesarias garantías judiciales para someter a investigación a cualquier persona, policía o no.
El compromiso de Sánchez
Pero Pedro Sánchez, a esas alturas, se había comprometido ya a retirar el recurso que había presentado el Gobierno de Rajoy contra la ley vasca de abusos policiales, una norma similar a la navarra tumbada por el Constitucional.
La retirada del recurso era de hecho uno de los precios que Sánchez debía pagar por el apoyo de PNV a la moción de censura. Pero la retirada del recurso se quedó corta: el PSOE vasco directamente pasó a respaldar una norma que permite que se someta a una inquisición política a los agentes policiales.
El pasado 4 de abril se confirmaba el pacto de socialistas y separatistas: la ley que regula esta cacería a la Policía salía adelante gracias a las abstenciones de EH Bildu y Elkarrekin Podemos y el voto favorable del PNV y del PSE-EE. El PP votaba en contra.
Y el 16 de abril era publicada en el BOE la norma navarra equivalente. Una norma que salía adelante en el Pleno del Parlamento de Navarra con el nombre de Ley Foral de reconocimiento y reparación de víctimas de motivación política atribuibles a la extrema derecha o funcionarios, impulsada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra, la abstención del PSN y el rechazo de UPN y PPN. Aquí no era necesario el ‘sí’ del PSOE: la ley ya sumaba los votos necesarios entre los proetarras, los separatistas y la izquierda radical. Pese a ello, los socialistas dejaron constancia de su nula crítica con su abstención.
Es más, confirmaron el pacto con PNV al negarse a recurrir ante el Tribunal Constitucional una norma que, de nuevo, somete a investigación parajudicial a la Policía.
La ley navarra prevé calificar como actuaciones delictivas algunas de las labores llevadas a cabo por agentes policiales desde 1950 hasta hoy. Y lo hace pese a que la única instancia que tiene potestad para ello es la Justicia. Como en la ley vasca, esa misión se ha dejado en manos de una comisión que nombraría el propio Gobierno navarro.
Es más, esa Comisión tendrá capacidad para declarar como víctima a los supuestos receptores de la teórica agresión. Y, acto seguido, asignarle un pago indemnizatorio, con lo que el denunciante cobrará si es aceptada su denuncia.
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