El PSOE enmienda los presupuestos para sufragar con dinero público la imposición del bable

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 06/05/2018 09:48
  • Actualizado: 06/05/2018 11:48

El PSOE ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado con la que avanza en la imposición del bable como lengua cooficial en el Principado de Asturias. Se trata de un asunto que divide a los socialistas -no únicamente los asturianos- y con el que el propio presidente, Javier Fernández, se ha mostrado en desacuerdo.

La enmienda, en concreto, propone una partida de 250.000 euros para la Academia de la Lengua Asturiana, el organismo que promueve la oficialidad de la lengua.

La condición del bable como lengua cooficial lleva meses provocando diferencias entre la dirección nacional de Ferraz y Fernández, que este mismo viernes reiteró su posición contraria.

Según el presidente asturiano -ya en la recta final de su mandato-, la cooficialidad de la lengua asturiana no es una cuestión que pueda aprobarse «de tapadillo» y no valdría que el Gobierno asturiano impulsase hoy la cooficialidad cuando no figuraba en el programa electoral.

No obstante, el actual secretario general, el ‘pedrista’ Adrián Barbón -que el pasado septiembre se hizo con la dirección autonómica- se alineó recientemente con Podemos e Izquierda Unida en una resolución en la que defendía la oficialidad del bable y una reforma del Estatuto de Autonomía. Nunca hasta ahora, el partido se había planteado ese nuevo rango para la lengua autonómica, muy minoritaria en la comunidad.

El PSOE asturiano se alía con Podemos e IU para imponer la cooficialidad del bable, que necesita de una reforma del Estatuto de Autonomía

En septiembre, el PSOE asturiano celebró un congreso en el que aprobó una enmienda sobre el bable, aunque con un resultado ajustado: 38 votos a favor, 23 en contra y 12 abstenciones.

La imposición del bable requiere de una reforma del Estatuto, que solo podría prosperar si la apoyan al menos tres quintas partes de los diputados. Es decir, 27. Ahora, los socialistas tienen 14, por 11 del PP, 9 de Podemos, 2 de Ciudadanos y 3 de Foro Asturias. La reforma estatutaria puede surgir a propuesta del Consejo de Gobierno o por iniciativa de una cuarta parte de los diputados, votada después por mayoría cualificada.

Desencuentros en el PSOE

Los distintos criterios dentro del socialismo han provocado airados desencuentros entre Fernández y la dirección ‘pedrista’, incluso en los plenos autonómicos.

«Se puede estar a favor de la electricidad y en contra de la silla eléctrica», llegó a decir en una sesión, en febrero. El presidente del Principado ha admitido estar «preocupado» por la utilización de la lengua como motivo de confrontación, más allá de la política.

El giro del actual secretario general hace prever, sin embargo, que esa será precisamente su bandera de cara a las elecciones autonómicas de 2019.

PP y Ciudadanos se oponen frontalmente a esa nueva consideración del bable, que tendrá además un elevado coste. Según la Academia de la Lengua, supondría hasta 20 millones de euros al año.

Sin embargo, desde plataformas contra la cooficialidad se eleva esa cifra hasta los 73 millones, lo que, como informó OKDIARIO, supondría unos 165 euros por hogar.

Casi 50 € por habitante

Un estudio de la ‘Plataforma Contra la Cooficialidad del Bable’ señala que el coste medio por habitante por lengua cooficial en España oscila entre los 46 y los 49 euros, pero advierte de que sólo se refiere a la Administración autonómica. Si se tiene en cuenta que Asturias tiene una población de 1,043 millones de personas, el coste para las arcas del Principado se situaría en la franja de 48 y 51,1 millones de euros anuales.

No obstante, el informe explica que la cooficialidad también afecta a los ayuntamientos, por lo que habría que sumar otros 7,4 millones de euros anuales. Además, “el arranque de un programa de cooficialidad tiene unos costes adicionales que se estiman en un incremento del 25% durante los cinco primeros años.

El montante total pasaría así a situarse entre los 69,2 y 73,1 millones de euros, “diez veces más que las afirmadas por los defensores de la oficialidad”.