PSOE, Compromís y Podemos aprueban la ley valenciana que consagra la dictadura lingüística catalanista

El pleno de las Corts ha aprobado este miércoles con el respaldo de PSPV, Compromís, Podemos y sus confluencias y el rechazo del PP y Ciudadanos la ley que consagra la dictadura lingüística catalanista en la Comunidad Valenciana.

La nueva norma por la que, teóricamente, se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano establece con carácter general que el tiempo mínimo impartido en valenciano y en castellano debe ser de un 25% en ambos casos, y entre el 15% y el 25% en inglés. Sin embargo, en la práctica la ley «margina el castellano», según el portavoz del PP.

Durante el tenso debate, el PSPV ha defendido que el objetivo es que los alumnos dominen estas tres lenguas en igualdad de oportunidades, mientras Podemos ha argumentado que se ha realizado con el criterio de expertos de las universidades valencianas y ha pedido «superar esa etapa en la que la lengua ha significado conflicto».

Por su parte, Compromís ha admitido que no es la ley que ellos hubieran hecho, pero es una propuesta «equilibrada y consensuada» que conjuga el marco legal con la opinión de la comunidad educativa.

PP y C’s en contra

El Partido Popular ha censurado que esta ley «margina el castellano, no se ajusta a la ley» y ha advertido: «Esto es el ‘procés’ valenciano y nos les quepa ninguna duda de que vamos a frenarlo antes de que sea demasiado tarde».

Ciudadanos también se ha mostrado muy crítico con esta propuesta que, si bien «descafeinada» respecto a los decretos, «no busca un plurilingüismo efectivo, sino adulterado hacia una ideología nacionalista que poco tiene que ver con lo que desean las familias».

La dictadura lingüística viene de lejos

Ya desde inicios del año pasado, el equipo de Gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra marcaron el terreno con su decreto de plurilingüismo de la Comunidad Valenciana. Instauraron un nuevo marco lingüístico cuyas relaciones entre las horas dedicadas a castellano, valenciano e inglés pusieron en pie de guerra a padres y profesores.

El nuevo texto establecía seis niveles educativos entre los que los centros deberán escoger. Estos niveles se establecían en función de las horas dedicadas a cada uno de los tres idiomas incluidos en el plan, y correspondía a los Consejos Escolares decidir a cuál de ellos acogerse por una mayoría de dos tercios, con la decisión en manos de la Consejería en el caso de que no se alcanzase dicha mayoría.

Esto se tradujo en que desde entonces los padres valencianos no tienen ni voz ni voto a la hora de decidir en qué idiomas estudian sus hijos, y que la decisión pasó a quedar en manos de estos Consejos, en los que los progenitores cuentan con representación, pero donde no son el único colectivo incluido.