Un protocolo del Gobierno da la razón a Vox: la inmigración irregular es un «riesgo» para los rebrotes

El nuevo protocolo sobre Covid e inmigración irregular de la Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, reconoce el «riesgo» que supone la inmigración irregular para la propagación de la Covid-19 «por su elevada movilidad y contactos».

«Las personas que llegan a España por vías migratorias irregulares -dice- son una población especialmente vulnerable para COVID-19 (…) A su llegada a España, además, estas personas pueden tener elevada movilidad y contactos con gran número de personas diferentes, suponiendo un riesgo de aparición de brotes originados por casos importados».

El Gobierno publicó el nuevo ‘Protocolo de Actuación ante Posibles Casos de Covid-19 en el contexto del fenómeno de la inmigración irregular’ el pasado fin de semana, en plena oleada de pateras en las costas españolas, cuando en los puertos de Murcia y Andalucía ya había cientos de inmigrantes. Al menos, 869 inmigrantes llegaron entre el viernes y el domingo a España.

La secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul Muro, firmó el documento el día 25, sábado, festividad del Apóstol Santiago, a las 12:38 del mediodía. El Gobierno murciano lo recibió el mismo sábado por mail, aseguran fuentes oficiales. La fecha, firma y envío del documento es relevante porque el anterior protocolo, de fecha 5 de junio, había decaído con el estado de alarma el 21 de junio. Por tanto, no había normativa al respecto desde hacía más de un mes.

Murcia y Andalucía protestan

El documento obliga a las autonomías a ocuparse de los inmigrantes irregulares que den positivo por Covid, de buscar lugares para que hagan las cuarentenas ellos y sus contactos, de financiarlo todo y de poner el personal adecuado.

La Junta de Andalucía y el gobierno de la Región de Murcia han protestado ante el Ejecutivo porque consideran que hay un cambio sobrevenido de criterio sobre inmigración irregular, ya que la competencia de los inmigrantes adultos llegados en pateras es de Sanidad Exterior y, por tanto, del Estado.

Sin embargo, el documento aprobado el sábado señala que «los casos confirmados de COVID-19 mediante el correspondiente PCR y las personas asintomáticas pero con contacto estrecho con los anteriores deberán obtener la solución habitacional y de asistencia que proporcionen las autoridades sanitarias competentes». Previamente, el protocolo deja claro que las «autoridades sanitarias competentes» son las comunidades autónomas.

Murcia y Andalucía creen que, con el protocolo, el Gobierno se lava las manos y se inhibe del problema ante próximas oleadas de pateras con inmigrantes que puedan llegar enfermos de la Covid-19.

Para que no haya duda de que la responsabilidad es de las comunidades, el protocolo de la Secretaría de Estado de Migraciones (SEM) afirma que estas personas «no podrán ingresar en plazas del sistema nacional de acogida humanitaria hasta que, finalizada la cuarentena, obtengan resultados de PCR negativos».

La SEM dice que las comunidades autónomas no sólo «proporcionarán» esas «soluciones habitacionales» sino que también las «financiarán» y «aportarán el personal» necesario.

Y para dejar más claro, si cabe, que les endosa la responsabilidad añade, amparándose en el Fondo Covid, que la colaboración del Gobierno será «en todo caso, de carácter voluntario y de naturaleza temporal habida cuenta de la existencia del Fondo COVID-19 que perciben las ciudades y comunidades autónomas».

La medida ha obligado al gobierno murciano de Fernando López Miras a buscar, sobre la marcha, alojamientos en condiciones sanitarias y de aislamiento adecuados para los cientos de inmigrantes que estuvieron en contacto con los casos positivos. Murcia ha pedido ayuda al Ejército y al ayuntamiento de Cartagena.

Fugados

La situación en el puerto de Escombreras, a las afueras de Cartagena, Murcia, a donde llegaron 454 inmigrantes el pasado fin de semana, es un «caos», según asociaciones policiales y de guardia civil. 34 de ellos dieron positivo por Covid y fueron hospitalizados. Un total de 161 ya han sido trasladados a otro lugar. Quedan 259 en la dársena del puerto. Cien se fugaron anoche, pero fueron detenidos después. Quince siguen en paradero desconocido.

Fuentes policiales vienen advirtiendo del aumento de la inquietud y la tensión entre los inmigrantes conforme avanzaban las horas por las condiciones del campamento, el intenso calor, a la intemperie y durmiendo en el suelo.

El martes hubo incidentes en el Hospital Virgen de la Caridad de Cartagena. Algunos de los 14 inmigrantes ingresados allí dieron golpes al mobiliario y rompieron ventanas, puertas y cortinas. Tuvo que intervenir la Policía Nacional.

En las imágenes del campamento levantado en el puerto de Escombreras, tomadas el fin de semana, se ve a los inmigrantes durmiendo en el suelo, pegados unos a otros sin guardar la «distancia social» que el propio protocolo del Gobierno obliga a cumplir en la primera de sus «cinco líneas de actuación».

El nuevo protocolo del Gobierno sobre inmigración irregular señala que «en el caso de la llegada de varias pateras al mismo puerto, los ocupantes de las diferentes pateras no se mezclarán y se asegurará que se mantendrá una distancia mínima de seguridad entre los diferentes grupos».

Añade que «no se usarán zonas comunes» sin que los migrantes tengan “medidas de protección individual”. Las fotos publicadas estos días por OKDIARIO muestran todo lo contrario.

En Murcia, los inmigrantes están en el puerto de Escombreras, pero en Almería, más de 200 llegados el fin de semana estuvieron mezclados en el interior del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) doblando su capacidad. La Unión Federal de Policía (UFP) denuncia que los dos casos que dieron positivo fueron aislados, pero que el resto de sus contactos estuvieron juntos durante las 72 horas que obliga el protocolo para el «aislamiento inicial» de los recién llegados «en dependencias del ministerio del Interior». UFP recuerda que un policía del CATE de Almería ya dio positivo por coronavirus.

Marlaska incumple el protocolo

La Unión Federal de Policía (UFP), la Confederación Nacional de Policía (CEP) o Justicia para la Guardia Civil (Jucil) han denunciado la falta de medios de protección en la que mantiene el ministro Fernando Grande Marlaska a los agentes que tienen contacto con los inmigrantes y el riesgo de contagio que supone.

El incumplimiento del protocolo en este caso es evidente. Al hablar de la «utilización de Equipos de Protección Individual» dice que «usar las mascarillas quirúrgicas/higiénicas es de obligado cumplimiento en el puerto, en el desarrollo del triaje, en todas las zonas comunes, administración, servicios profesionales o análogos que dispongan en los centros residenciales del programa, así como en los traslados sin importar su naturaleza».

El protocolo de la SEM afirma categóricamente además: «Es necesario proveer del material de protección individual preciso y adecuado, tanto al personal sanitario como al resto de personal que está en contacto con las personas migrantes en el marco de su atención».

Las fotos publicadas por OKDIARIO muestran a los agentes de la Policía Nacional sin esa protección a diferencia del personal sanitario que les hace las pruebas PCR.