El PP impedirá mañana que la Diputación Permanente haga cambios en los ‘decretazos’ de Pedro Sánchez

Ciudadanos es el único grupo que tiene previsto solicitar que al menos cuatro de los seis decretos leyes que serán objeto de debate sean tramitados como proyectos de ley: los relativos al alquiler de viviendas, los planes de contingencia para acometer un Brexit sin acuerdo, los cambios en igualdad entre los que se incluye la ampliación del permiso de paternidad, y un paquete de medidas de protección social como la regulación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años.

La Diputación Permanente también va a votar la convalidación o derogación de los dos decretos ley aprobados el pasado viernes por el Consejo de Ministros, uno sobre el superávit de las autonomías y municipios y otro sobre la reforma de la estiba.

Pero en el PP ya tienen decidido que no apoyarán que ningún texto se tramite como proyecto de ley porque, según fuentes ‘populares’, eso facilitaría que el Ejecutivo de Sánchez continuara haciendo campaña electoral con las medidas incluidas en los mismos.

Para salir adelante, la tramitación como proyecto de ley debería ser aprobada por mayoría en la Diputación Permanente, que, al ser el único órgano que permanece en funcionamiento tras la disolución de las Cortes, asumiría todos los trámites posteriores en lectura única.

De acuerdo con el informe redactado por los letrados a petición de la Mesa del Congreso, de aceptarse la tramitación de los decretos como proyectos de ley, los grupos parlamentarios podrán presentar una enmienda de totalidad con un texto completo alternativo o bien enmiendas parciales para modificar cuestiones puntuales.

En todo caso, esa tramitación debería ser rápida y completarse antes de que el 21 de mayo se constituyan las nuevas Cámaras, pues en caso contrario ese proyecto de ley decaerá y sólo quedará en pie el decreto ley original que fue convalidado por el Congreso.

Sería, por tanto, una tramitación por la vía de urgencia, lo que supone acortar los plazos de enmiendas a la mitad (se habla de una semana), y en lectura única, concentrando todos los debates y votaciones en la Diputación Permanente, fundamentalmente porque ya no existen ni ponencias ni comisiones parlamentarias.

Y la tramitación no acabaría en el Congreso, sino que después el proyecto de ley se enviaría al Senado, donde se reproducirá el mismo esquema y, si hubiera nuevos cambios, debería volver al Congreso para votarlos.