El PP exigirá en el Senado protección para Llarena tras el ataque de Arran a su casa

El PP ha registrado una moción en el Senado en la que exige al Gobierno que adopte las medidas de protección adecuadas y efectivas para el juez Pablo Llarena, su familia y el resto de magistrados que están sufriendo ataques por parte de los independentistas.

La iniciativa, que será debatida en la Comisión de Justicia, insta además al Gobierno a perseguir a aquellas personas y grupos que han participado en hechos delictivos en este ámbito.

Según argumenta el PP, el instructor del sumario del procés, el juez Pablo Llarena, ha sido desde el inicio de la instrucción víctima de una campaña de acoso por parte de los independentistas.

Recuerda que esta semana dos encapuchados llenaron de pintura amarilla el portal de la vivienda de Llarena en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), una acción reivindicada por Arran, organización juvenil vinculada a la CUP, a través de sus redes sociales donde mostraban un vídeo del ataque.

A estas pintadas se suman otras frente a su domicilio con frases como “Llarena, feixista (fascista)” o “Los Países Catalanes serán tu infierno” y el hecho de que el canal público TV3 difundiera las dos localidades donde el juez tiene residencia, así como el nombre y apellidos de su mujer.

También señala que un grupo de independentistas increparon e insultaron al magistrado en un restaurante de la localidad de Palafrugell, donde reside habitualmente con su familia.

El PP incide en que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya dijo que estos ataques suponen una “manifiesta coacción sobre éste y su familia, que atenta contra el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas”, y solicitó que el Ministerio del Interior pusiese los medios precisos para proteger su integridad.

Sin embargo, lamentan los populares, el Ministerio del Interior insiste en que no ve ningún “fallo de seguridad” en este ataque de Arran a la casa del juez, pese a que el CGPJ ha vuelto a reiterar la necesidad de protección.

«Estos ataques no han sido todavía condenados ni por el presidente del Gobierno ni por la vicepresidenta ni por la ministra de Justicia», critican.

No comprenden, dicen, que el Ministerio del Interior asigne agentes, escolta dinámica y estática, «para proteger al portavoz de un partido con representación parlamentaria y falle en la seguridad de un magistrado que está sufriendo el acoso de los independentistas».