El PP exige la comparecencia de Bolaños por las «graves consecuencias» de su ley para las maltratadas

EL PP ha exigido la comparecencia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por las «graves consecuencias» de su ley para las mujeres maltratadas, tras publicarlo OKDIARIO. Esta modificación legislativa impone a las víctimas de violencia de género que declaren contra su agresor solas, sin abogado y por videollamada.

La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha registrado este sábado una petición de comparecencia de Bolaños por el «desconcierto, colapso y caos» que ha generado su Ley de Eficiencia de la Justicia.

Tal y como publicó este medio, esta norma incluye la supresión de juzgados y provoca que mujeres maltratadas se vean obligadas a desplazarse más de 80 kilómetros para declarar contra su agresor. En su defecto, las víctimas tendrían que prestar declaración solas, sin la presencia de su abogado y por videollamada.

Y es que la Ley de Eficiencia de la Justicia de Bolaños reduce el número de juzgados competentes en violencia de género y centraliza los juicios en la capital provincial, lo que se conoce como «comarcalización». De ese modo, las denunciantes tendrían que desplazarse, en ocasiones largos trayectos, para poder declarar o, si no, hacerlo de forma telemática. Esto implicaría hacerlo sola: sin la asistencia de abogados ni fiscales.

Desde la Asociación de Fiscales (AF) advierten de los «efectos disuasorios» que esta norma tiene para las mujeres que han sufrido violencia de género a la hora de interponer una denuncia.

Según la asociación mayoritaria del Ministerio Público, la norma está provocando una situación de «caos». Además, señalan que su aprobación se ha producido con «importantes carencias de estudio» en cuanto a las competencias, tanto en la fase de instrucción como en el enjuiciamiento.

La Asociación de Fiscales alerta de que la creación de tribunales comarcales de instancia en materia de violencia de género ha provocado que existan víctimas obligadas a desplazarse grandes distancias «en perjuicio de la atención personal que exige la función protectora de fiscales y jueces». Todo ello, según la AF, provoca una «revictimización» más que evidente y produce «efectos disuasorios» a la hora de interponer denuncia.

«Precipitación para hacerse la foto»

Desde el PP lamentan que la tercera fase de implementación de la ley tenga un calendario «poco realista». Denuncian que ha habido «precipitación» a la hora de poner en marcha esta norma y que ha provocado «graves consecuencias», entre las que están el «atasco», así como «desconcierto y colapso».

«El Gobierno quería llegar al uno de enero de 2026 con una foto, pero le daba igual que la Justicia funcionara», subraya la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra. La dirigente popular critica que Bolaños haya querido «reorganizar la Justicia de espaldas a los jueces, fiscales, abogados, procuradores, letrados de la administración de justicia y funcionarios, que la hacen funcionar cada día». Por todo ello, Gamarra concluye que «esto no es eficiencia de la Justicia, sino desmontar el sistema sin alternativa».

En oposición a lo que consideran «otro desastre legislativo del Gobierno», el PP propone «eliminar obstáculos y reforzar medios para mejorar la Justicia». Todo ello con el objetivo de frenar una norma que ha provocado «inseguridad jurídica» y no ha dotado de «recursos humanos y presupuestarios necesarios» a los juzgados.