Podemos pide al juez que oculte los gastos y las nóminas del tesorero y la gerente del partido

Podemos quiere que el juez encargado de investigar su supuesta ‘caja B’ no revele los sueldos y gastos de la gerente del partido, Rocío Val y el tesorero Daniel de Frutos, ambos imputados, en los autos disponibles para las partes. La formación morada alega razones de protección de «confidencialidad».

El partido de Pablo Iglesias ha entregado al juez varios documentos que le habían sido requeridos. Entre éstos se encuentran las nóminas del tesorero y la gerente, así como las facturas, tickets y demás documentación presentada por ambos como justificación de sus gastos.

Podemos ha pedido al juez la adopción de cautelas para «salvaguardar el derecho a la presunción de inocencia de las personas investigadas» y la «confidencialidad de los datos estrictamente personales». «En particular, hemos aportado documentación consistente en sueldos y gastos relacionados con la actividad laboral de determinadas personas, en cumplimiento del requerimiento del Juzgado», afirma Podemos en el escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO.

La formación morada cree que estos datos no deben ser de fácil acceso para las partes personadas en el caso porque se trata de «trabajadoras y trabajadores del partido que no cobran un sueldo público, sino que tienen una remuneración por su relación laboral con la entidad».

Por ello, quiere que se salvaguarde «la confidencialidad de los datos económicos» de los imputados De Frutos y Val y solicita al Juzgado «como medida protectora» que «esta documentación específica no se una a autos» hasta que no se resuelva en la Audiencia Provincial de Madrid su recursos sobre la pertinencia de «dichas diligencias de investigación».

Estos documentos pueden arrojar luz sobre las dudas sembradas tras la denuncia del ex abogado purgado José Manuel Calvente, que ya entregó al magistrado nóminas de Val y De Frutos para probar un supuesto cobro de sobresueldos. Estos cobros se hicieron sin control alguno y vulnerando el propio código interno del partido, que por entonces comprometía a los cargos a no cobrar más de tres salarios mínimos.

Trabas a la investigación

Podemos ha retrasado lo máximo posible los datos que le habían sido requeridos. De hecho, muchos de ellos no se han facilitado aún. Concretamente, la formación de Pablo Iglesias no quiere comunicar al juez quiénes fueron las personas encargadas de realizar las transferencias del partido a la investigada consultora Neurona Comunidad S.L, la filial española de la chavista Neurona.

La formación morada, según los documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO, ha presentado un recurso de reforma contra la providencia emitida por el juez Juan José Escalonilla pidiendo «la identificación de las personas físicas autorizadas para disponer de los fondos de cada una de dichas cuentas -en referencia a las cuentas electorales desde las que Podemos pagó los servicios a Neurona- así como, y en concreto y de ser posible, la identidad de las personas que en las citadas cuentas realizaron personalmente dichas transferencias a la cuenta de titularidad de Neurona Comunidad S.L».

El partido de Pablo Iglesias alega que existe nulidad en el origen de la diligencia, puesto que, alega, la información principal ha sido obtenida a través del quebranto del secreto profesional del abogado purgado, José Manuel Calvente, del que emana la primera denuncia que suscitó las investigaciones.