La ‘Operación Enredadera’ salpica a 40 ayuntamientos de PP, PSOE, C’s y a la Diputación de Alicante

La ‘Operación Enredadera’ contra el amaño de contratos públicos salpica a 40 Ayuntamientos españoles gobernados por el PP, PSOE, C´s y a la Diputación Provincial de Alicante. Este operativo contra la corrupción desarrollado por la UDEF se desarrolla desde primera hora de esta mañana y en el participan 580 policías.

La Fiscalía Anticorrupción en coordinación el Juzgado de Instrucción nº 2 de Badalona ha ordenado la entrada y registro en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para completar la investigación sobre la empresa Aplicaciones Gespol S.L (integrada actualmente en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales) quien habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el Juzgado de Instrucción nº 2 de los de Badalona ha autorizado la práctica de entradas y registros en los Ayuntamientos de los siguientes municipios: Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet del vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.

Además, el Juzgado ha ordenado la práctica de requerimientos de documentación, que deberán ser cumplimentados en presencia de la Policía, en la Diputación de Alicante y en los siguientes municipios: Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O’Grove, Sant Vicent del Raspeig y Vitoria.

Se prevé asimismo la práctica de 40 detenciones que afectarán a diversas autoridades y funcionarios de los municipios referidos, así como su puesta a disposición judicial al objeto de decidir sobre su situación personal. La investigación se habría realizado a lo largo de 17 meses y se habrían practicado numerosas intervenciones telefónicas.

Los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.