El número 2 del ex ministro Fernández Díaz declarará como imputado por el ‘caso fondos reservados’

Francisco Martínez Vázquez, ex secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016 durante el mandato de Jorge Fernández Díaz, declarará en la Audiencia Nacional por el caso Fondos Reservados, desvelado por OKDIARIO, en el marco del caso Villarejo que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 6.

El comisario Enrique García Castaño, ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, declaró en su última citación – el pasado mes de marzo en calidad de investigado ante el juez Manuel García Castellón- que seguía órdenes directas del ex secretario de Estado de Seguridad en el operativo policial diseñado para recuperar los papeles de Luis Bárcenas.

Ya no es aforado

Fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO han manifestado que la Audiencia Nacional tenía previsto citar al ex secretario después de las elecciones generales del 28 de abril, tras la declaración de ‘El Gordo’. Hasta ese momento, Martínez conservaba su condición de aforado al haber sido incluido por el Partido Popular como vocal suplente en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Por lo que la Audiencia Nacional no podía citarle a declarar en el caso Villarejo hasta los comicios.

Tras constituirse la Cámara Baja, fuentes cercanas al ex secretario aseguran que «se ha alejado de la política y ha regresado a su plaza de letrado en las Cortes».

Fondos reservados

Este periódico desveló que el Ministerio del Interior utilizó fondos reservados que obraban en poder de Francisco Martínez, encargado de distribuirlos desde la Secretaría de Estado de Seguridad, para llevar a cabo la operación de espionaje a la familia Bárcenas entre 2013 y 2015.

Para ello, pactaron con el delincuente Enrique Olivares el pago de una cantidad procedente de los fondos reservados a cambio de ejecutar el asalto a la vivienda de los Bárcenas. El objetivo era recuperar tres ‘pendrives’ con información sensible del Partido Popular. Los responsables del plan adelantaron al mercenario 10.000 euros de los fondos y le prometieron otros 40.000 euros si la misión culminaba con éxito, algo que finalmente no ocurrió.

También sobornaron al chófer del ex tesorero popular, Sergio Ríos, quien realizó una labor de confidente y por la que recibió 2.000 euros netos mensuales durante dos años. En total, el topo cobró 48.000 euros por su papel como infiltrado y fue premiado con el ingreso en la academia de la Policía Nacional y la consiguiente entrega de una plaza en la escala básica.