España

Nuevo golpe de Sánchez e Iglesias a las pymes: sustituirá contratos temporales por fijos en plena crisis

El Gobierno prepara ya un nuevo golpe a las pymes. El objetivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pasa por sustituir el uso de los contratos temporales por el de contratos fijos en plena crisis. La medida restará flexibilidad a la forma de contratar de las empresas, encarecerá los despidos y generará barreras adicionales a la contratación. Y lo hará, además, en el momento de menor liquidez de las compañías por la crisis del coronavirus.

La medida aparece recogida en el paquete de reformas que el Gobierno ha remitido ya a Bruselas como anexo al plan de recuperación que desglosa el reparto del dinero que España espera recibir del rescate de la UE: de los 70.000 millones en ayudas directas comunitarias para salir de la recesión en época de Covid.

El texto de la reforma aparece reseñado bajo el título “Generalización del contrato indefinido, causalidad y simplificación de la contratación temporal”. Y señala lo siguiente: “Objetivo: reducir el exceso de temporalidad y la dualidad laboral que limitan el aumento de la productividad y el crecimiento potencial y dan lugar a precariedad laboral. Medidas: simplificar y reordenar las modalidades de contratación laboral y generalizar la contratación indefinida, devolviendo la causalidad al contrato temporal, adecuando la regulación de los contratos de formación y prácticas, revisando la aplicación del contrato fijo discontinuo e introduciendo mecanismos de flexibilidad para las empresas alternativos a la excesiva temporalidad, penalizando el uso excesivo de contratos de muy corta duración y atajando el fraude laboral”.

En resumen, dificultando el uso de los contratos temporales y exigiendo que el contrato base sea el indefinido.

Claves de la reforma

Las claves de esta reforma aparecen reflejadas en ese enunciado. En primer lugar, “devolviendo la causalidad al contrato temporal”. Es decir, que ya no se podrá usar este tipo de contrato libremente, sino que se deberá argumentar el motivo y la Inspección de Trabajo y los sindicatos podrán valorar su conveniencia más allá del criterio del empresario.

En segundo lugar, la reforma pretende “adecuar la regulación de los contratos de formación y prácticas, revisando la aplicación del contrato fijo discontinuo e introduciendo mecanismos de flexibilidad para las empresas alternativos a la excesiva temporalidad”. O, dicho de otra manera, que en todas esas formas legales de contratación se pasarán a aplicar restricciones. Porque el objetivo final no es otro que “penalizar el uso excesivo de contratos de muy corta duración”, según la interpretación del Ejecutivo.

Y no se trata de la única traba que encontrarán en breve las empresas en pleno desierto económico del coronavirus. El Gobierno, que ha convertido ya a España en el único país que sube impuestos en plena pandemia, pretende también obligar a las empresas a pagar lo mismo por los empleados contratados que por los que prestan servicios en esas mismas compañías por medio de subcontratas.

El plan viene recogido igualmente en el documento de reformas anexo al plan de recuperación y rescate. Y figura bajo el epígrafe ‘Modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales’, como ya ha adelantado OKDIARIO.

El texto de esta reforma recoge literalmente lo siguiente: “Objetivo: evitar que se utilice la externalización de servicios a través de la subcontratación para reducir los estándares laborales de los trabajadores de las empresas subcontratistas”. Y acto seguido, el documento añade: “Medidas: en línea con las sentencias recientes del Tribunal Supremo, asegurar un uso adecuado de la subcontratación desincentivando los supuestos en los que es un mero instrumento de reducción de costes, avanzar hacia la equiparación de condiciones entre trabajadores subcontratados y reforzar la responsabilidad de las empresas contratistas o subcontratistas”.
Traducido: elevar los costes de la subcontratación para equipararla a la contratación, algo que acabaría con este recurso generalizado entre las empresas para mantener la competitividad.

Más golpes fiscales

Otra de las reformas que prepara ya el Gobierno socialcomunista -y que se encuentra también en la mesa de la Comisión Europea- es otro golpe fiscal a las cotizaciones de los riders.

El documento titula este apartado como “regulación de los trabajadores de reparto en las plataformas digitales (“riders”)”. Y señala: “Objetivo: abordar la regulación de las personas que efectúan el reparto a domicilio en el ámbito de las plataformas digitales, en el que se ha generado una gran inseguridad jurídica y litigiosidad en los últimos años. Medidas: garantizar un trato justo y equitativo en materia de condiciones de trabajo a los repartidores en el ámbito de las plataformas digitales, dando acceso a protección social y formación a estas personas”. Y para ello, tal y como han confirmado a OKDIARIO fuentes conocedoras de la reforma, se pretende extender el sistema general de cotizaciones a la Seguridad Social a este sector.

Por si fuera poco, otra de las medidas de este plan de reformas tampoco será inocua: se trata de una nueva subida del límite máximo de cotización de los trabajadores: una subida de la contribución mensual que hacen las rentas más elevadas a la Seguridad Social, tal y como ha publicado este diario. El Gobierno la quiere incrementar para sanear sus ingresos fiscales.

El cobro de las pensiones por parte de las personas que pasan a la jubilación antes de la edad legalmente establecida también será castigado: los prejubilados verán incrementar los coeficientes reductores que regula la Seguridad Social, precisamente, por no haber llegado al nivel de años trabajados determinado por la Administración.

Y, por último, los autónomos serán forzados a cotizar por sus ingresos reales, eliminando la libre elección de base de cotización, algo que hará que sus pagos a la Seguridad Social suban en el 85% de los casos.