La ‘nueva’ Fiscalía de Delgado a favor de que Torra no sea inhabilitado hasta que resuelva el Supremo

La Fiscalía del Supremo ha remitido un escrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal donde no se opone a que se suspenda la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, acordada por la Junta Electoral Central (JEC), hasta que el tribunal resuelva sobre el fondo del asunto. La ‘nueva’ Fiscalía de Dolores Delgado respalda así que Torra continúe al frente de su cargo en el Ejecutivo catalán.

En el escrito, de 21 páginas, firmado por el fiscal Pedro Crespo, la Fiscalía, expone que: «Salvo error u omisión, la JEC nunca había decidido, directamente en ejercicio de su propia competencia, privar de su escaño a un parlamentario –ni de ámbito autonómico ni estatal- que ya se hallase en el ejercicio pleno de su mandato», motivo por el que entiende el representante del Ministerio Público que debe esperarse al Supremo y no aplicarse de forma inmediata la inhabilitación del líder separatista catalán.

«Ninguna norma de dicha ley electoral habilita expresamente a la JEC para declarar vacante un escaño y proceder de propia autoridad a la sustitución de su titular», expone Crespo. Quien, acto seguido, admite que hay abierto un «debate jurídico» lo «suficientemente abierto y complejo» sobre si la Junta Electoral Central es competente para inhabilitar a un diputado catalán -en base a una sentencia judicial que no es firme- como para impedir, de entrada, que el recurso de Torra le permita protegerse cautelarmente.

Según expone el Ministerio Fiscal la decisión de la Junta podría dar lugar a daños irreparables y explica: «El interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que baste una mera invocación genérica».

Torra condenado

Torra anunciaba que presentaría recurso de amparo ante el Tribunal Supremo contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le condenó, el pasado mes de diciembre, a un año y medio de inhabilitación para cargo público y una multa de 10 meses, con una cuota diaria de 100 euros,  por un delito de desobediencia.

El president autonómico se ha negado a abandonar su escaño y cumplir con la pena impuesta por negarse a acatar la orden de la JEC, para que retirase durante la pasada campaña electoral los lazos amarillos a favor de los presos del ‘procés’ que colgaban del balcón del Palau de la Generalitat.