La «normalidad» en Ceuta 19 días después de la invasión: los inmigrantes ilegales ya okupan viviendas públicas

El Gobierno de Ceuta ha detectado que inmigrantes ilegales que accedieron a la ciudad en la invasión migratoria del pasado 30 de julio están okupando viviendas de titularidad pública.

Así lo ha revelado este martes el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez. Varios de estos casos han sido comunicados directamente por vecinos, que han alertado de la presencia de personas que estarían residiendo en estas viviendas de manera irregular.

El asunto salió a relucir durante una reunión mantenida con los vecinos para abordar la posible utilización de una parcela de embolsamiento como espacio para la acogida de migrantes. Durante el encuentro, los residentes aprovecharon para trasladar al Ejecutivo sus preocupaciones sobre la situación de algunas viviendas públicas de la zona.

«Tenemos constancia porque ha sido trasladada directamente por los vecinos», ha señalado Ramírez, que ha explicado que el área de Vivienda de la Ciudad ya ha comenzado a trabajar para analizar cada una de las situaciones comunicadas.

Desde el Gobierno de Ceuta han explicado que se llevará a cabo un análisis de las viviendas públicas sobre las que existen sospechas de ocupación irregular o de cesión por parte de sus adjudicatarios para alojar a terceras personas. Se pretende determinar en cada caso si se está produciendo un incumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos de arrendamiento de las viviendas públicas.

Desahucios

Ramírez ha advertido de que, si se confirma que los titulares de estos inmuebles han cedido las viviendas para que sean ocupadas irregularmente, el Gobierno procederá a actuar contra ellos.

«Obviamente, la causa de que eso se produzca es la resolución unilateral del contrato de arrendamiento y el procedimiento a continuación de desahucio», ha explicado.

Ramírez ha incidido en que los servicios jurídicos de la ciudad han confirmado que los propios contratos de arrendamiento contemplan la posibilidad de resolverlos cuando se produzcan este tipo de incumplimientos.

«Todo aquel que haya cometido esta irregularidad será tanto sancionado como resuelto su contrato», ha afirmado.

De este modo, la Ciudad pretende intervenir no sólo ante posibles ocupaciones ilegales de viviendas públicas, sino también ante aquellos casos en los que los propios adjudicatarios hayan permitido que terceras personas residan en los inmuebles incumpliendo las condiciones del contrato.

El portavoz ha señalado que los servicios técnicos y jurídicos ya han recibido la información trasladada por los vecinos y comenzarán a estudiar los casos concretos para determinar las actuaciones que correspondan.