Moncloa manipula una declaración del ‘caso González Amador’ de hace dos meses para atacar a Ayuso

El equipo de Pedro Sánchez, Más Madrid y sus terminales mediáticas han recuperado este jueves a su conveniencia las declaraciones judiciales de la inspectora de Hacienda Mercedes Urbano sobre el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, para intensificar su ofensiva política contra la presidenta de la Comunidad de Madrid justo el día en el que se celebra el Debate sobre el Estado de la Región (DER).

Las declaraciones de la inspectora, que fueron reveladas en primicia por OKDIARIO en julio pasado, han cobrado nuevo protagonismo tras su difusión por varios medios como «exclusiva» este mismo jueves. Los partidos de la oposición en Madrid (PSOE y Más Madrid) han aprovechado estos testimonios para exigir la dimisión de Ayuso durante la jornada inaugural del debate parlamentario.

El secretario general del PSOE-M y ministro Óscar López ha sido el más contundente en sus críticas. «No puede pedir que los demás paguen impuestos quien está defendiendo a quien no paga impuestos y utiliza facturas falsas para no pagar impuestos», ha declarado el titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de España.

La portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, ha remachado: «La corrupción viene del ático». «Después de lo que hoy hemos confirmado, lo que sabíamos la mayoría de los madrileños, la señora Ayuso no tenía más salida», ha espetado tras la intervención de dos horas de la mandataria regional.

La inspectora Mercedes Urbano había declarado el pasado 21 de marzo ante la juez Inmaculada Iglesias sobre las pesquisas fiscales iniciadas por «un incremento muy considerable de los ingresos» de González Amador. En su testimonio, que desveló OKDIARIO, explicó que «en el ejercicio 2020 respecto de 2019, ingresó unos 2.330.000 euros aproximadamente».

«Como tenía mucha carga fiscal ese año, porque tenía muchos beneficios, pues una forma de hacerlo [reducir el pago fiscal] es mediante la emisión y la recepción de facturas falsas o la utilización de esas facturas falsas», agregó la inspectora durante su declaración. «Lo que es llamativo es que baja la tributación incrementando de forma tan considerable los ingresos. No nos resulta lógico que baje la tributación», expuso Urbano.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha utilizado un término especialmente mordaz para referirse al caso. Ha acusado a González Amador de ser un «caradura» y ha denunciado que Ayuso ha puesto «a disposición» los recursos de la Comunidad para su defensa.

«Hoy tenemos una nueva confirmación de lo que toda España sabía y es que el novio de la señora Ayuso no se hizo millonario por sus talentos en los negocios, sino por su cercanía al poder y su caradura para estafar a Hacienda», ha lanzado a las bravas la líder de la oposición.

El caso González Amador se remonta a una inspección fiscal que abarcó los ejercicios 2019-2021 de la sociedad Maxwell Cremona, controlada por la pareja de Ayuso. La investigación de Hacienda identificó presuntos delitos fiscales por un total de 350.591 euros: 155.000 euros correspondientes al ejercicio 2020 y 195.591 euros del ejercicio 2021.

OKDIARIO había revelado en julio pasado los detalles de las declaraciones judiciales, incluyendo el momento en que la juez Inmaculada Iglesias prohibió a la inspectora Mercedes Urbano admitir si conocía que Alberto González Amador era el novio de Ayuso durante la inspección fiscal. «Uff, esto es un tema personal, que yo no tengo que responder», había contestado la perito antes de ser interrumpida por la magistrada. La izquierda ahora obvia esa parte.

«Operación de Estado»

Fuentes cercanas al caso muestran su extrañeza porque esa inspectora fiscal «quiso ver a González Amador en persona cuando no era necesario porque lo habitual es tratar con los asesores». «¿Sería para asegurarse de que era el novio?», dejan caer. Además, señalan que Urbano «fue ascendida automáticamente por María Jesús Montero».

Estas mismas fuentes denuncian presuntas irregularidades en el procedimiento judicial. Aseguran que la declaración de la inspectora «fue permitida por la juez, mientras denegaba otra declaración que desmontaba la versión de la inspectora». «Eso está recurrido en la Audiencia Provincial», agregan.

También cuestionan la validez técnica del informe fiscal. «La inspectora ha efectuado una liquidación tributaria con errores, que, de eliminarse, descartan cualquier delito. Por eso se solicita la práctica de su declaración junto con un perito y que también denegó la juez», explican las fuentes consultadas.

«En resumen. Nada nuevo que no se sepa de la operación de Estado contra Ayuso», concluyen estas fuentes, que ven en la filtración de las declaraciones un nuevo episodio de la presión política contra la presidenta madrileña.

Defensa de Almeida

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha salido en defensa de Ayuso atacando la «doble vara de medir del PSOE». «A mí todavía no me han dicho qué negocios tiene o qué contratos tiene la pareja de la presidenta con la Comunidad de Madrid», ha replicado a preguntas de la prensa.

Por su parte, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha calificado el asunto como un «caso particular» y ha explicado que esperarán a la resolución judicial antes de posicionarse definitivamente.

El caso González Amador se ha convertido en un arma política que la izquierda esgrime sistemáticamente contra Ayuso, aprovechando cada nueva información que emerge del procedimiento judicial para cuestionar su liderazgo y exigir su dimisión, en una escalada que promete mantenerse mientras dure la instrucción de la causa.