Sánchez gastará 11,8 millones en ‘desmemoria histórica’ para exhumar 800 cuerpos

El Gobierno de España, liderado por el PSOE y Podemos, vuelve a fijar la memoria histórica como una prioridad. En el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 se destinan 11,8 millones de euros a esta materia y se prevé la exhumación de 800 cuerpos en los próximos 12 meses. Se trata de un aumento considerable. La cifra se quintuplica porque en 2021 el plan contemplaba sólo 150 reinhumaciones.

El objetivo es «prestar un servicio eficaz de atención a asociaciones, organismos y particulares en relación con la aplicación de la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura». En este contexto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tira la casa por la ventana.

Tal como ha podido comprobar OKDIARIO en la documentación oficial, el Ministerio de la Presidencia, que integra la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, quiere localizar 1.000 personas más en fosas comunes, exhumar 800 cuerpos, realizar 30 encuentros con familiares de víctimas, publicar 15 informes sobre el tema, recoger 500 muestras genéticas de familiares de víctimas para un Banco Nacional de ADN, incluir 1.000 víctimas en el Censo Nacional de Víctimas, expedir 150 certificados de reconocimiento y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, organizar otros 30 ciclos de conferencias y congresos y otorgar 40 subvenciones por concesión directa (a dedo) y otras 80 en concurrencia competitiva (por concurso).

También se quieren impulsar 15 actos en conmemoración del 75 aniversario de la liberación de campos de exterminio y del 80 aniversario de la muerte del presidente Azaña, incluir 400 fosas en el Mapa Nacional de Fosas, añadir 200 edificaciones incluidas en el censo de edificaciones realizadas por batallones disciplinarios y resolver 400 consultas de la ciudadanía sobre memoria histórica.

Cabe destacar que el año 2021, los objetivos van a quedar lejos de cumplirse. Se presupuestó agregar 1.000 víctimas en el Censo Nacional de Víctimas pero esta cifra se prevé que quede en cero. También se esperaba recoger el material genético de 500 personas ligadas a víctimas franquistas en el Banco Nacional de ADN pero sólo se podrán completar 70 muestras. Además, el sistema informático, por lo que dicen en el documento, aún está pendiente de comprar.

En total, el Gobierno tiene previsto invertir en 2022 un total de 11,8 millones de euros para desarrollar la ley de memoria democrática. El Ejecutivo quiere que esté en vigor a finales de este año o principios de 2022. Además de las exhumaciones, se pretende avanzar en la resignificación del Valle de los Caídos.

El Ministerio que dirige Félix Bolaños desde julio cuenta en total con 276,4 millones de euros. De ese presupuesto total, las políticas de memoria democrática recibirán 11,8 millones de euros. Supone un aumento en comparación con los 11,3 que se asignaron para 2021.

El tomo de los Presupuestos del Ministerio de Presidencia avanza que se quiere desarrollar un proyecto de «monumentalización de determinados lugares de memoria, continuar el proceso de resignificación democrático en el Valle de los Caídos, y proceder a la adquisición de una herramienta de software para la gestión del banco de AND a nivel nacional».

El Gobierno justifica ese censo de víctimas de carácter público porque lo pidió la ONU. Se quiere contar para ello con la colaboración de las comunidades autónomas, las administraciones locales, las universidades, las asociaciones de memoria histórica, las fundaciones y los particulares.

Sobre las exhumaciones, el Gobierno dice que «constituyen una obligación y responsabilidad del Estado». Es más, sostienen que este tema «ha de perfilarse como una auténtica política pública que deberá impulsar y realizar el Gobierno tanto de manera directa, como en colaboración con las comunidades y las ciudades de Ceuta y Melilla».