Más de 300 alcaldes exigen a Sánchez 83,7 millones por no resolver el agujero fiscal de la plusvalía

El Gobierno de España tiene un nuevo frente. Más de 300 ayuntamientos de todas las partes del país han iniciado procedimientos para reclamar al Ejecutivo importantes cuantías de dinero por la responsabilidad patrimonial del Estado cuando legisló el impuesto local de la plusvalía que se ha declarado inconstitucional. OKDIARIO desvelaba hace unas semanas que el Consistorio de la capital, liderado por José Luis Martínez-Almeida, había presentado su reclamación. Ahora la documentación del Ministerio de Hacienda destapa que se han recibido «328 solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formuladas en relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por un importe global de 83.779.540 euros».

Las fuentes oficiales consultadas por OKDIARIO comentan que están desbordados. No tienen la lista completa de los municipios que han reclamado. Indican que no pueden ofrecer este desglose por falta de personal. «Requiere el acceso individual a cada expediente, lo que, por su volumen, extensión y medios ocasionaría una disfunción manifiesta en el desarrollo normal de la actividad de la unidad depositaria de los expedientes. La lectura de los 328 expedientes para identificar municipios y cantidades reclamadas exigiría al menos el 50% de los técnicos dejaran de hacer su trabajo y se dedicaran en exclusiva a ello, desatendiendo el resto de sus cometidos», justifican.

La declaración de inconstitucionalidad del impuesto municipal sobre la plusvalía al vender terrenos ha provocado un gran agujero en las arcas municipales. Se trata de un gravamen que legisló el Estado y cuya suspensión ha afectado de lleno a los alcaldes.

Ahora dan el paso para tratar de ser compensados. Primero lo hicieron a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que lidera el socialista Abel Caballero. Ante la falta de frutos, dan el paso de abrir expedientes administrativos de responsabilidad patrimonial contra el Gobierno del PSOE y Podemos. Reclaman por los daños ocasionados a raíz de los pronunciamientos judiciales y la inactividad del Ejecutivo central tras las sucesivas sentencias al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). El equipo de Almeida pedía 641,8 millones de euros, una cifra récord en este tipo de reclamaciones patrimoniales. Ahora trasciende que más de tres centenares de municipios han seguido los mismos pasos.

Sólo en Madrid, las primeras estimaciones indicaban que la ciudad tendría que afrontar el pago de 383 millones de euros a 17.000 vecinos. Ya se han devuelto 150 millones por parte de la Agencia Tributaria madrileña. A esto hay que sumar las cuantías que se dejan ahora de ingresar y los gastos que acarrea gestionar estos miles de expedientes.

PSOE

El enfado es patente también en altos cargos socialistas. En los últimos días, por ejemplo, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha exigido «mecanismos de financiación» adicional para los municipios porque la recaudación de los mismos por este tributo se ha reducido cerca de un 40% durante 2022, por la sentencia del Tribunal Constitucional de octubre de 2021.

La nueva regulación de Sánchez, según Villalobos, «garantiza que los contribuyentes que no obtengan ganancia por la venta de un inmueble estén exentos de pagar este impuesto». En ese contexto, Rodríguez Villalobos ha manifestado que la actual regulación de este impuesto municipal «beneficia al contribuyente», pero a costa de una «fiscalidad de la que se nutren los ayuntamientos» para sufragar los servicios públicos que prestan a la ciudadanía. Se ha pasado en esta provincia de 14.500 liquidaciones anuales a unos 10.200.

De esta forma, muchos altos cargos y alcaldes municipales, también del PSOE, llaman Sánchez a «subsanar» esa pérdida de ingresos de las entidades locales, «mediante mecanismos de financiación que deberán asumir otras administraciones».

Valencia

También el Consistorio de Valencia, gobernado por Compromís, PSOE y Podemos, a través del concejal de Hacienda, el socialista Borja Sanjuán, ha presentado una reclamación por 21.938.356 euros. «Vamos a defender cada euro de las y los valencianos para conseguir unos recursos que son más necesarios todavía en un contexto en el que las administraciones públicas deben ayudar a la actividad económica», afirmó el edil.

Desde Zaragoza (PP), la consejera municipal de Presidencia y Hacienda ha reclamado 51,8 millones por este mismo asunto. O Salamanca, del mismo color político, exige 7,7 millones de euros.