España
La trama del PSOE

Más de 1.000 vecinos exigieron frenar las VPO de la empresa de Cerdán por su «daño ambiental irreversible»

Advirtieron del deterioro de un "entorno paisajístico catalogado como Patrimonio Natural"

Denunciaron que las obras de Servinabar ignoraron "los riesgos asociados de edificar en ladera"

Más de mil vecinos exigieron frenar las VPO construidas en Ripagaina (Navarra) por la empresa vinculada al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán debido a su «daño ambiental irreversible». Las protestas ciudadanas se sucedieron durante años mientras el Gobierno de la Comunidad foral hizo oídos sordos.

De los siete proyectos que el Gobierno de Navarra entre 2017 y 2025 a la empresa Servinabar 2000 SL (bien en UTE o en solitario) o su filial Alegure SL, dos expedientes (por 6,8 millones de euros en 2018 y 7,8 millones en 2023) fueron adjudicados para la construcción de viviendas de protección pública en el barrio de Ripagaina, dividido administrativamente entre los municipios de Pamplona, Burlada, Huarte y Valle de Egüés. El primero incluyó 62 VPO, mientras que el segundo supuso 46 viviendas protegidas en régimen de alquiler.

Estos contratos -los siete suman un total de casi 86 millones de euros, sin IVA- están siendo investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por tratarse de supuestas adjudicaciones irregulares que reportaron a la trama Koldo o trama PSOE el presunto cobro de mordidas. De hecho, a raíz de las conversaciones intervenidas, los investigadores sostienen que fue Santos Cerdán quien «gestionó» esas mordidas.

Se da la circunstancia de que los mismos socialistas que abanderan un discurso ecologista, de lucha contra el cambio de climático, no tuvieron reparo en impulsar estas construcciones donde había una ladera de alto valor medioambiental. Y lo hicieron, además, ignorando a los más de 1.000 ciudadanos agrupados en torno a la Plataforma de vecinos pro parque Ripa Sur de Beloso.

«Hay en Navarra viviendas ya construidas mucho más económicas sin necesidad de tener que construir edificios mucho más costosos en un entorno paisajístico catalogado como Patrimonio Natural de Pamplona», denunciaron entonces desde esta plataforma.

Asimismo, los vecinos advirtieron de que «esta construcción no está exenta de los riesgos asociados de edificar en ladera donde ya se ha gastado aproximadamente un millón de euros en estudios geotécnicos para medir cuánto se mueve la ladera. También es necesario construir una escollera o muro de sujeción para sujetar la ladera con el coste adicional que supone».

Ladera donde el Gobierno navarro construyó la promoción de VPO Ripagaina 46. (Imagen: GMaps)

«¿Por qué el Gobierno de Navarra despilfarra el dinero público en proyectos muy costosos cuando tiene soluciones más económicas? Dinero que se paga con nuestros impuestos, endeudando y empobreciendo a todos los navarros», lamentaron.

En enero de 2024, este asunto fue abordado en la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, que rechazó una iniciativa de Unión del Pueblo Navarro (UPN) para exigir la paralización de la construcción de nuevas viviendas en la ripa de Ripagaina.

La moción, que fue defendida por Izaskun Zozaya (UPN), contó con el apoyo del PP. Sin embargo, los representantes de EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, votaron en contra e impidieron que el texto prosperara.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el jefe de obra de Servinabar 2000 SL, Mikel Arrarás, el pasado octubre en la visita oficial a las VPO de Ripagaina que investiga la UCO de la Guardia Civil.

En su intervención, Zozaya remarcó que «una cosa son las palabras con las que se pretende tranquilizar a la ciudadanía y otra muy distinta las acciones», al tiempo que emplazó a los responsables políticos a desistir de seguir construyendo en un entorno que debía «ser preservado y nunca urbanizado».

Tal y como ha publicado OKDIARIO, el propio Gobierno de Pedro Sánchez promovió una de estas construcciones en Ripagaina, cofinanciando con 1,8 millones de euros de fondos europeos del Plan de Recuperación la obra de 46 viviendas de protección pública que otorgó el Ejecutivo navarro de la socialista María Chivite a la UTE Acciona-Servinabar 2000 SL en enero de 2023.

De hecho, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, llegó a visitar estas VPO el pasado octubre, una vez ya estaban terminadas, e incluso se fotografió junto al jefe de obra de Servinabar 2000 SL, Mikel Arrarás. Según la UCO, Santos Cerdán adquirió en 2016 un 45% de las participaciones de esta sociedad navarra que administra el empresario vasco Anxton Alonso.

«Modelo a seguir»

En esta visita oficial, la ministra de Vivienda recalcó que el Gobierno de España financiaba esta promoción a través del Plan de Recuperación y puso esta actuación como «el modelo a seguir» en términos de eficiencia energética. Sin embargo, ignoró por completo el daño medioambiental de estas construcciones en Ripagaina denunciado por los vecinos.

Previamente, en su reunión con la presidenta de Navarra, María Chivite, la Isabel Rodríguez subrayó el «éxito de gestión» de las políticas de vivienda en esta comunidad. Junto a ello, Rodríguez destacó el «esfuerzo económico» que se realiza en estas promociones de vivienda pública y que su protección «evita que termine en manos de unos pocos».

«Este esfuerzo tiene que servir mañana también para seguir garantizando vivienda asequible a la siguiente generación y de este modo que nuestro país pueda poner fin a uno de los grandes elementos de desigualdad que tenemos con otros países de nuestro entorno, que es nuestro menguado parque de vivienda pública. Hemos de garantizar que todos estos esfuerzos lo sean de manera permanente», enfatizó.