Marlaska tiene a los 330 guardias civiles de las vallas de Ceuta y Melilla con cascos caducados de más de 20 años

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 18/10/2026 05:45
  • Actualizado: 18/10/2026 05:45

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene a los 330 guardias civiles que vigilan las vallas de Ceuta y Melilla con cascos caducados de más de 20 años. De hecho, se exhiben en exposiciones como cascos históricos. La consecuencia de ello es que se reduce drásticamente su seguridad. Y no sólo eso, sino que llevarlo ya supone a los agentes «un auténtico dolor de cabeza», ya que al menguar la capa interna, les baila y golpetea.

Más aún, los agentes han sufrido caídas al deslizárseles y taparles la visión por la mala ergonomía, llegando a sufrir fracturas óseas, por ejemplo, en la mano. También se les han partido en la propia como consecuencia de las pedradas que reciben de inmigrantes que pretenden entrar en España de forma ilegal. 

Los guardias civiles llevan más de cinco años reclamando una solución. Sin embargo, sigue sin llegar. Por ello, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, ha puesto pie en pared denunciándolo públicamente en OKDIARIO. «Esta vergonzosa y peligrosa situación ocurre tanto en Melilla como en Ceuta», declara a este diario Sergio Márquez, secretario general de la AUGC en Melilla, indicando que afecta a 200 efectivos en Ceuta y 130 en Melilla.

Además, destaca que ya hay agentes lesionados por llevar material deficiente. Esto ocurrió, por ejemplo, en el asalto masivo de 2022 a Melilla, en el que un agente resultó herido porque el casco no le protegió debidamente del golpe que le asestó un ilegal con un palo. ¿El desenlace? El guardia civil perdió la especialidad de GRS por las secuelas.

Parcheados

Tan «lamentable» es el estado de estos cascos que el responsable de material de Melilla, a iniciativa propia, los está parcheando hasta que lleguen nuevos. Aprovecha los retirados del servicio para sustituir las piezas de peor estado de los que llevan: desde correas a pantallas, la protección del mentón y tornillería. De esta forma, se los está mejorando con piezas de cascos que eran para tirar. Un noble gesto que los agentes le agradecen.

«Si caen al suelo, se despiezan de lo viejos que están», declara a este diario el líder de la AUGC en Melilla. Él mismo sufre este trance al ser guardia civil de la Segunda Compañía de Fiscal y Fronteras, uno de los 130 agentes que en distintos turnos custodian la valla y el perímetro fronterizo de la ciudad autónoma.

Más de cinco años caducados

La vida útil de estos cascos, conocidos como cascos antidisturbios, es de 15 años. Pasado ese tiempo, se degrada el poliestireno expandido del interior que los agentes llevan en contacto con la cabeza y que es la capa interna que absorbe los impactos: se reseca, endurece y pierde elasticidad. En consecuencia, en caso de golpe, ya no disipa la energía correctamente y aumenta el riesgo de lesiones graves o fracturas craneales.

A esto se suma el envejecimiento de la chalota y el deterioro de sus componentes: las espumas también pierden sujeción y las correas se debilitan.

El citado asalto de 2022 se saldó con 16 guardias civiles heridos. Más de 2.500 inmigrantes de origen subsahariano intentaban acceder al paso fronterizo del Barrio Chino, lográndolo 500 de ellos. Algunos de los inmigrantes portaban garfios, palos, tornillería en los zapatos y también lanzaron piedras contra los agentes tratando de evitar que les impidieran el paso.

Tras aquel ataque, la AUGC volvió a exigir la dotación urgente de cascos nuevos. El Ministerio anunció posteriormente la adquisición de 300 para Melilla y otros tantos para Ceuta. Sin embargo, en Melilla no fueron entregados a los efectivos de Fiscal y Fronteras, sino a los GRS –los antidisturbios de la Guardia Civil–, que refuerzan a los agentes de la valla, y después la mitad de estos fueron destinados a los efectivos de la nueva Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

Material caliente

A los agentes de la valla de Melilla tampoco se les ha dotado de equipos de protección individual, han de compartir los que llevan en los vehículos, tanto chalecos antitrauma como espinilleras, las protecciones de antebrazos y los escudos. Los agentes lo denominan «material caliente». En cada coche policial disponen de dos EPI que un turno tras otro han de compartir.

«Estamos cansados de promesas incumplidas: de un incremento de personal que no llega, así como de la falta de los medios de protección individual y de material técnico, como son cámaras nocturnas de alta tecnología y drones, así como de embarcaciones y vehículos», indica Márquez.

Antes del asalto a Melilla, Marlaska mantenía de forma habitual la vigilancia de la valla, el mar y la frontera de Melilla, que son 12 kilómetros, con su mar territorial, con sólo cuatro guardias civiles en cada turno e incluso algunas veces con menos, cuando, según la AUGC, dicha compañía debería estar integrada por 100 agentes más, sumando un total de 230.

De hecho, hace tres años, la compañía de Melilla ya contaba con esa cantidad de efectivos, pero fue reducida al dividir la antigua Compañía de Melilla en dos compañías diferentes, naciendo la Segunda Compañía de Fiscal y Fronteras.

«Por este motivo, de 10 guardias civiles por turno pasamos a tan sólo cuatro», explica el líder de la AUGC de Melilla. Tras el asalto masivo el pasado verano de 800 ilegales, se incrementaron significativamente los efectivos de GRS, pero no los de la valla.

Ahora, lo habitual es que en Melilla salgan dos patrullas con dos guardias civiles cada una para todo el perímetro fronterizo y el mar. La AUGC denuncia que «esta plantilla es totalmente insuficiente» para proteger la frontera. «Aparte de todos los medios materiales y humanos que necesitamos, también es de vital importancia que se blinden jurídicamente a los guardias civiles las actuaciones en materia de inmigración irregular», subraya la asociación mayoritaria.

«No podemos estar a expensas de los diferentes criterios judiciales que modifiquen nuestra forma de actuar en inmigración. Es necesario que el Poder Legislativo haga una norma de Extranjería en condiciones», sentencia Márquez indignado ante las diferentes sentencias que modifican la manera de proceder de los agentes ante la inmigración irregular.

Y recuerda que la AUGC advirtió de las consecuencias que tendría la sentencia del Tribunal Supremo. No obstante, Marlaska no actuó, pese a que sus propios altos mandos también llevaban avisando desde principios de año.