España

Marlaska ordena vía Whats parar el control policial de fiestas tras permitir la ‘patada en la puerta’

Los agentes de la Policía Nacional no se saltaron ninguna instrucción para entrar en pisos sin orden judicial y desmantelar fiestas ilegales. Al revés, siguieron un oficio interno para actuar de esa manera en base a la desobediencia de los inquilinos de las casas que se niegan a identificarse. Todo ello, justificado por la situación de pandemia. Este mismo lunes por la tarde-noche llegaba la comunicación urgente a la Policía de que cesasen este tipo de entradas. La orden ha sido tan rápida e improvisada que ha sido trasmitida vía Whatsapp a la cadena de mando. Fin de la aventura por el momento.

Igual de rápido que llegó el oficio, llegó el arrepentimiento del Ministerio del Interior al ver el escándalo mediático generado por las entradas en los domicilios y el vídeo divulgado en el que se puede apreciar a la Policía tumbando una puerta con un ariete para proceder al desalojo de una fiesta ilegal. Las imágenes han provocado la marcha atrás del Ministerio del Interior.

Los aeropuertos se han convertido durante mucho tiempo en España en coladeros del Covid. La presencia policial es más que insuficiente para lograr un control eficaz de las restricciones impuestas por el Gobierno contra el coronavirus. Y la presión de las autonomías, en especial de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no tardó en llegar con este combinado explosivo.

El Gobierno ha dispuesto de un año largo para amoldar las leyes y calificar como delito medioambiental las fiestas ilegales en plena pandemia, lo que hubiese permitido a la Policía actuar con absoluto respaldo legal. Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez tan sólo ha incremento el control en los aeropuertos de forma leve, no ha elevado de forma significativa el número de agentes y tampoco ha abordado una reforma de los tipos penales que permita a los agentes actuar contra las fiestas ilegales de forma que estén cubiertos por la ley.

Sin respaldo legal

El resultado es el que se ha podido apreciar en los últimos días: ante la presión por la falta de control de estas fiestas convertidas en potenciales focos de contagio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha optado por lanzar a los agentes -sin un pleno respaldo legal- a entrar en las fiestas ilegales en viviendas y acceder a ellas con tal de proceder al desalojo e identificación de los protagonistas.

Para ello, Interior cursó un oficio interno exponiendo que el delito flagrante necesario para proceder a la entrada era la propia desobediencia de los inquilinos. Los agentes procedieron y accedieron. Como se pudo ver en un vídeo que se hizo viral, ante la negativa de los inquilinos de la casa entraron con un ariete y tumbaron la puerta.

La polvareda mediática no tardó en llegar y el resultado ha sido la marcha atrás verbal y fáctica de Interior esta pasada noche del lunes pidiendo a los agentes de Policía Nacional que paren de inmediato en este tipo de actuaciones.

De hecho, la nueva instrucción indica a los agentes que la Policía Nacional no intervendrá por el momento en el control de más fiestas ilegales en pisos. Tan sólo lo hará en la vía pública. Es decir, que Grande-Marlaska se lava las manos del control incluso en los locales. Toda esa labor queda, por lo tanto, en manos de la Policía Municipal, cuerpo que no cuenta con los efectivos necesarios para desarrollar esta labor.

Absuelto de desobediencia

Hay que recordar que, además, el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid ha absuelto al dueño de una vivienda situada en el barrio de Salamanca de la capital de un delito de desobediencia del que había sido acusado por celebrar el pasado 21 de marzo una fiesta ilegal a la que la Policía Nacional accedió abriendo la puerta a la fuerza sin orden judicial. Esa resolución ha tenido su impacto en el Ministerio del Interior.

Ante esta situación, los agentes procedieron a llamar al timbre del portal, no recibiendo respuesta alguna por parte de los moradores del piso. Y, tras numerosos requerimientos a los individuos, les informan de que, en el caso de persistir en su actitud de rebeldía ante los mandatos de los agentes, la flagrancia delictiva podría determinar la entrada en el inmueble, y que a su juicio se estaría cometiendo un delito de desobediencia grave.
Finalmente, procedieron a abrir la puerta por sus propios medios.