Marco de la Peña, el protegido del PSE que preside Adif cobra 195.000 euros y acumula 115 muertos

• Irene Tabera @irenetabera
• Madrid (1996). Periodista de Investigación y Tribunales. Colaboradora en Mediaset y Telemadrid. Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Televisión por la Universidad Católica de Milán. Anteriormente trabajó en Mediaset Italia. Escritora de EL HOMBRE QUE SUSURRABA AL PRESIDENTE. Contacto: irene.tabera@okdiario.com
• • 03/11/2026 05:40
  • Actualizado: 03/11/2026 07:40

Luis Pedro Marco de la Peña fue el bombero que Óscar Puente envió a Adif para apagar el incendio del caso Koldo y hoy es uno de los rostros de la mayor crisis de la historia de la alta velocidad española. Bajo su mandato, el gestor ferroviario ha sufrido la tragedia de Adamuz, con 46 fallecidos, y la de Urda, con 69, a las que se suma la muerte de un maquinista en prácticas en Gelida (Bercelona). Mientras tanto, figura entre los altos cargos mejor pagados del sector público, con una retribución anual de 195.000 euros, según el Portal de Transparencia.

El Consejo de Ministros aprobó su nombramiento en septiembre de 2024 a propuesta de Óscar Puente, que acababa de destituir a Ángel Contreras tras apenas 10 meses en el puesto. Su antecesor había aparecido en las conversaciones investigadas en el caso Koldo, la trama de presunta corrupción que salpicó al Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos. Para sustituirlo, el Gobierno eligió a un ingeniero con experiencia en la gestión ferroviaria y, sobre todo, con una carrera estrechamente ligada a los socialistas vascos.

Nacido en Santander en 1969 y licenciado en Ingeniería de Caminos por la Universidad de Cantabria, Marco de la Peña trabajó en constructoras como Ferrovial y Amenabar antes de dar el salto a la Administración en 2009. Fue el Gobierno vasco del socialista Patxi López quien lo puso al frente de Euskal Trenbide Sarea (ETS), el gestor de la red ferroviaria vasca. Dirigiendo Transportes estaba Iñaki Arriola, dirigente del PSE y figura determinante en su trayectoria. Tras dejar ETS en 2013 y regresar al sector privado, volvió en 2020 como viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Ejecutivo de coalición entre PNV y PSE presidido por Iñigo Urkullu. De nuevo, con Arriola como consejero.

Quienes le conocen en el País Vasco lo describen, según Libertad Digital, como un hombre muy cercano a Arriola, de perfil técnico y alejado de los medios, pero que ha crecido al calor de sus vínculos con el PSE. La relación entre ambos tuvo un nuevo capítulo en Madrid: cuando la llegada de Imanol Pradales a Ajuria Enea dejó a Arriola sin cargo, el Gobierno de Sánchez lo rescató como consejero de Renfe Mercancías en octubre de 2024, apenas un mes después del aterrizaje de Marco de la Peña en Adif. Ambos compartieron además la gestión de la polémica obra del Metro de San Sebastián, en el tramo de dos kilómetros entre Miraconcha y Easo.

A principios de 2025, pocos meses después de llegar a Adif, desmanteló la Dirección General de Seguridad de Procesos y Sistemas Corporativos y fusionó la seguridad de la circulación con el mantenimiento de la red, para terminar integrándola en el área de Comunicación en octubre de ese año, tres meses antes de Adamuz, según desveló The Objective. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria advirtió de que no se había realizado ningún análisis de riesgos. Fuentes conocedoras de la decisión aseguran a OKDIARIO que el presidente de Adif consideraba que esa dirección no era útil.

Tras Adamuz, Marco de la Peña evitó comparecer ante los medios y dejó a Puente el peso de las explicaciones públicas. El PP denunció su silencio y le citó en el Congreso, y Vox presentó una querella contra él por homicidio imprudente. Fuentes internas le atribuyen un perfil «muy político». En abril defendió que lo ocurrido en Adamuz no respondía a un problema de mantenimiento sino, en todo caso, de inspección, y rechazó dimitir pese a que el PP se lo exigió en el Senado. Hoy su cabeza pende de un hilo tras las 69 muertes de Urda y una gestión criminal.