No está todo perdido. Los magistrados del Tribunal Constitucional todavía albergan esperanzas de frenar el asalto de Pedro Sánchez al Poder Judicial, pese a haber decidido aplazar hasta el lunes la celebración del Pleno –para resolver los recursos presentados por PSOE y Podemos– en el que decidirán si aceptan las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP y, por ende, paralizar la tramitación parlamentaria de los cambios en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en el propio Constitucional.

Este jueves, el Gobierno ha podido sacar adelante en el Congreso una insólita reforma del Código Penal por la que se aniquila el delito de sedición y, vía enmienda, rebaja hasta el mínimo la malversación e impone un vuelco en el Tribunal Constitucional forzando un cambio en el sistema de elección para asegurarse una mayoría progresista en el órgano máximo garante de la Carta Magna. Sin embargo, el Constitucional todavía está a tiempo de evitar que se consuma el golpe al Estado de Derecho urdido por Pedro Sánchez para satisfacer a sus socios independentistas y mantenerse en La Moncloa.

Según ha podido saber OKDIARIO, los magistrados de la Corte de Garantía barajan que en el recurso de amparo presentado por los populares se solicitan medida cautelarísimas a lo largo del procedimiento. Y, añaden, un procedimiento legistaltivo en un régimen bicameral no termina hasta que se aprueba en el Congreso y el Senado y se publica, finalmente, en el Boletín Oficial del Estado.

La reforma llegará el viernes 16 a la Cámara Alta y el debate y aprobación definitiva del dictamen que emita la comisión tras discutir las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios tendrá lugar el 22 de diciembre, coincidiendo con la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Por tanto, fuentes del Constitucional aseguran que tienen de plazo hasta dicha fecha para poder paralizar el proceso. Si, finalmente, este lunes el Pleno decide adoptar las medidas cautelarísimas –que se adoptan de forma urgente cuando puede producirse un daño irreparable–, se paralizaría de manera inmediata la tramitación de la Ley.

El Constitucional abriría una pieza separada, seguidamente en un plazo de cinco días escucharía a las partes y decidiría si ratifica dicha medida cautelar o la levanta. Fuentes consultadas explican que, en ese supuesto, se suspenderían sólo las enmiendas recurridas (relativas al CGPJ y el Constitucional) aunque la votación sea en bloque también sobre sedición y malversación.

Pleno clave

Esta batalla jurídica sigue aún en pleno apogeo. El Pleno extraordinario que se celebrará el lunes será clave para determinar si puede frenarse el asalto de Sánchez y sus socios al Poder Judicial. Tal y como adelantó OKDIARIO, en dicha reunión se debatirá el informe elaborado por el letrado Juan Carlos Duque Villanueva que informará favorablemente de la admisión de dicho recurso, aunque rechazará la adopción de medidas cautelares alegando que –explican– en anteriores ocasiones no se han admitido y el letrado «entiende que no se puede interferir en la actividad parlamentaria».

Pero habrá otro elaborado por el ponente Enrique Arnaldo que defenderá que dichas cautelarísimas deben ser admitidas porque los recurrentes han alegado que se está vulnerando el ius in officium de los parlamentarios. En el supuesto de que se apruebe de manera definitiva la derogación del delito de sedición y se elimine la obligatoriedad de los tres quintos para que el CGPJ elija a los dos miembros del Constitucional, se «consumaría la barbarie» y el derecho de los parlamentarios se habría vulnerado sin perjuicio de poder restablecerlo.

Por el momento, al menos cuatro miembros conservadores del Constitucional (Santiago Martínez-Vares, Antonio Narváez, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concha Espejel) defenderán la importancia de que se adopten las medidas cautelarísimas, pero no saben si contarán con el apoyo del presidente Pedro González-Trevijano y del magistrado Ricardo Enríquez. Estos dos magistrados tienen la llave para evitar que Sánchez pueda perpetrar su golpe.