La libertad de movimiento del Rey Juan Carlos, en entredicho

A estas alturas del momento en que estamos, cuando han pasado cinco meses y cuatro días desde la salida secreta del Rey Juan Carlos de España hacia Abu Dabi, se puede afirmar que lo que se calificó por algunos de fuga o huida –totalmente falso- por otros de exilio –contrario a la verdad- o simplemente de abandono temporal de su residencia, ninguno de ellos acertó con la palabra adecuada. Porque lo que se ha convertido con el paso del tiempo su marcha al extranjero tiene todos los visos de ser un puro y duro destierro. Una palabra que, según la Real Academia Española, describe como la pena que consiste en expulsar a alguien de un lugar o territorio determinado para que temporal o perpetuamente resida fuera de él.

Todo apunta a que al anterior monarca nadie le contó que en eso se iba a convertir su marcha apresurada y secreta de su país, y que ninguno de los que estuvieron implicados en la tarea de convencerle de que era absolutamente imprescindible que desapareciera de la escena pública, debido a que su presencia perjudicaba el buen nombre de su hijo y ponía en riesgo la estabilidad de su reinado, le dijo que en realidad lo mandaban al destierro. Pero así se ha demostrado en las dos ocasiones en que el Rey emérito ha intentado regresar al suelo patrio, convencido de que no había inconveniente en su retorno aunque fuera temporal, y le ha sido imposible conseguirlo.

Lo que pocos comentaristas han escrito en sus artículos –salvo excepciones contadas con uno o dos dedos de la mano- es que al no permitir el regreso del anterior Jefe del Estado a España se está incumpliendo de forma flagrante uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en concreto el número 13. En él se declara que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona –añade la Declaración- tiene derecho a salir de cualquier país , incluso del propio, y a regresar a su país”.

Don Juan Carlos no es un fugado de la justicia en estos momentos porque no hay ninguna causa judicial abierta contra él aunque sí existen investigaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Tampoco es un exiliado, porque él no abandonó territorio español de forma libre y voluntaria sino forzado por las presiones de quienes determinaron que su presencia en España era insostenible. Lo que sí es real es que don Juan Carlos, al que hemos visto en una foto reciente en Abu Dabi, difundida en los medios de comunicación, es una persona que apena puede sostenerse por sí misma y que necesita el firme apoyo de dos fornidos escoltas para caminar. Y sabemos, por lo que han transmitido dos periodistas con los que se comunica directamente, que quiere volver ya a España.

Una mayoría significativa de españoles acaba de manifestar en una encuesta que no se opondrían al retorno del Rey emérito a su país. Quizá es el momento de reflexionar si es hora de revertir una decisión tomada de forma apresurada y permitir que el hombre decisivo de la transición democrática de España vuelva a casa.