Las leyes de la República catalana para el 2-O: derogar las reformas del PP y aprobar la dación en pago

La Generalitat ya tiene «a falta de unos flecos» la Ley de Transitoriedad catalana, conocida como ‘ley de desconexión’, para dotar de contenido el nuevo Estado que, según las fuerzas independentistas, surgirá tras el referéndum del 1 de octubre.

Las fuentes consultadas aseguran a OKDIARIO que lo que pretenden es hacer una transición entre las leyes del Estado español y el que denominan «nuevo Estado catalán» una vez se celebre el referéndum. «Han sido meses de mucho trabajo» para cubrir todos los aspectos legales que han sido coordinados por el director del Instituto de Estudios de Autogobierno (IEA), Carles Viver Pi-Sunyer, explican.

Un guiño a Ada Colau

El texto, todavía secreto, contempla la derogación de todas las leyes aprobadas por el Partido Popular en estas dos últimas legislaturas, entre las que destacan la Ley de Seguridad Ciudadana —conocida como ‘Ley mordaza’—, la Ley Orgánica para la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) —bautizada como ‘Ley Wert’— o incluso la reforma del aborto.

Al mismo tiempo, el documento defiende aprobar la dación en pago, la creación de impuestos sobre los depósitos bancarios, revalorizar las pensiones, medidas para aplazar el IVA a los autónomos y pymes o prohibir el fracking como método de extracción de petróleo.

La dación en pago ha sido y es uno de los caballos de batalla de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, desde que estaba al frente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Las fuerzas independentistas son conscientes de ello y las fuentes consultadas aseguran que se trata de un guiño a Los Comunes, capitaneados por Colau, para que cedan ante sus pretensiones y llamen a la movilización para votar en el referéndum del 1-O.

Los de Colau, por el momento, saben agradar a unos y otros con sus mensajes ambiguos para seguir dando juego y no posicionarse hasta haber consultado a sus votantes y socios de partidos. Por el momento, Colau no tiene una mayoría clara dentro del Ayuntamiento y la ciudad también está muy dividida.

Desde la Generalitat se muestran contentos con la Ley de Transitoriedad que pronto se dará a conocer —al menos una parte de ella— cuando este martes el presidente Carles Puigdemont, acompañado de su ‘número dos’, Oriol Junqueras, y los consejeros del Gobierno catalán den a conocer las supuestas garantías y el carácter «vinculante» de la votación del 1-O.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y entre estas fuerzas siguen con complicaciones y roces por cómo van a aprobar el paquete de leyes, si todas juntas como algunos defienden o por separado (aprobando de inicio sólo las necesarias para dar «garantías» a la consulta ilegal).

Descontentos por la poca movilización

A este problema se añade el de la movilización. Los consejeros más unidos a la causa independentista critican la poca movilización que se viene dando a tan solo cuatro meses de la cita con las urnas ilegales. Aseguran que «a estas alturas, deberían de celebrarse más actos» y también les preocupa que no existan voces «del pueblo» para combatir el mensaje del Gobierno de Mariano Rajoy y «sus instituciones», quitando las de la ANC y Ómnium.

Como ejemplo, las declaraciones que este domingo hizo el presidente de la Cámara de Comercio, Miquel Valls. La entidad nunca ha considerado a Cataluña viable económicamente fuera de la Unión Europea y ha pedido a los Gobiernos de Cataluña y el central de España más flexibilidad para empezar a negociar y dialogar.

En una entrevista, Valls dijo que Cataluña tiene un futuro económico de «primera línea», con unas exportaciones que crecen cada día, un sector turístico extraordinario y con grandes posibilidades para competir en un mundo poscrisis, pero dentro de la UE.

Valls continuó diciendo que la sociedad catalana está muy dividida sobre la independencia de Cataluña y que «falta flexibilidad» tanto por parte del Gobierno como de la Generalitat para negociar y que adoptar una posición y decir «de aquí no nos movemos puede llevar a situaciones límite y no sabemos cuál puede ser el resultado».

El presidente de la Cámara de Comercio también desacreditó a las fuerzas independentistas asegurando, sobre el acto de apoyo de los alcaldes al referéndum, que representaban al 43 % de la población, pero que hubo «un 57% de la población catalana que no estaba representada por estos alcaldes».

Las fuerzas independentistas hacen oídos sordos y ya se han puesto manos a la obra para evitar que suceda este vacío al referéndum. Afirman que ya se han puesto en contacto con la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI) para que después de este martes, cuando expliquen las pautas para votar el referéndum del 1-O, pongan en marcha una campaña que vaya por todos los pueblos de Cataluña para movilizar a la ciudadanía.

La Generalitat quiere garantizar que participen más de dos millones de personas mientras que en el entorno de la ANC ya hay temor de tener menos participación que en el 9N. Según sus cálculos, de 2,3 millones de votantes en el 9N, solo un 4,5% votaron ‘no’ o ‘sí-no’. Son conscientes de que tienen que ir a por los votantes de la izquierda indecisa y Los Comunes son imprescindibles. Por ello y en las próximas semanas, según las fuentes consultadas, intensificarán la presión hacia Colau para que se posicione a favor del referéndum el 1-O.