Un juzgado investiga las agresiones de internos a policías en el CIE de Aluche

El juzgado de instrucción número 32 de Madrid ha abierto diligencias de investigación para depurar responsabilidades por las agresiones de los internos contra los policías nacionales del CIE de Aluche.

La magistrada titular, Rosa María Freire, ha admitido a trámite la querella interpuesta por los agentes -a través del sindicato profesional Jupol- para depurar responsabilidades penales tras el motín de 19 de octubre de 2018. Un grave incidente que se saldó con un balance total de 13 miembros de Policía Nacional heridos, de diversa consideración, la mayoría de los cuales continúa de baja.

En la noche de autos -a las 21.30 horas y durante el reparto de la medicación- un nutrido grupo de más de 60 internos encapuchados, sorprendía a los agentes del módulo de enfermería portando objetos contundentes -punzones, cepillos de dientes afilados, cinturones, barras metálicas- con los que los derribaron al suelo y les proporcionaron múltiples golpes y patadas, hasta conseguir sustraerles una tarjeta magnética, con la intención de abrir todas las puertas del centro y acceder al exterior.

La enfermera trata de huir pero le resulta imposible al verse acorralada por varios internos concentrados en el descansillo de la escalera, donde uno de ellos la retiene inmovilizándola por los brazos y convirtiéndola en rehén. Momento en el que el policía que se encuentra en la sala de seguridad llama
telefónicamente al 091 para comunicar lo que está ocurriendo, y solicitar apoyo inmediato, mientras los internos siguen avanzando accesos interiores del complejo.

La agresividad de los internos no ha pasado desapercibida a la titular del juzgado que ha podido acreditar la violencia empleada y su coordinación en el intento frustrado de fuga. Algunos de ellos trataron de romper el cristal de la sala de control, lanzando contra él y en varias ocasiones un banco de plástico; abrir el módulo de mujeres, donde pernoctaban 9 internas que gritaban atemorizadas; y, provocaron incontables destrozos en el mobiliario. El tiempo durante el que se prolongaron los altercados, y cuyas imágenes fueron publicadas, en exclusiva, por OKDIARIO, los internos recurrieron a tácticas de todo tipo para dificultar su posterior identificación.

La magistrada Freire, al hilo de la documentación aportada por Jupol, quiere determinar si lo ocurrido fue el fatídico resultado de una falta de medios físicos y humanos- tal y como denuncian los agentes. En cuyo caso, los responsables de los Centros de Internamiento de Inmigrantes y Extranjería, dependientes en último término del Ministerio de Interior, podrían ser formalmente acusados por sendos delitos de infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, contra la seguridad en el trabajo de los policías, y otro de lesiones graves.

Situación insostenible

Desde el año 2014, se han producido un total de 33 motines y 11 intentos masivos de fuga, entre otros altercados menores, protagonizados por internos de los CIE. En todos ellos, numerosos agentes de la Policía Nacional encargados de la seguridad y custodia han resultado heridos.

Los CIE, creados en el año 1985, se encuentran en una situación insostenible. Los policías nacionales denuncian la creciente escalada de tensión en los centros, con especial impacto en el de Madrid, sito en Aluche, que centraliza gran parte de las expulsiones de inmigrantes ilegales que llegan de manera irregular a nuestro país.

Sin que los responsables hagan nada por minorar la sobrepoblación que asfixia al mismo. Cabe recordar que estos centros son establecimientos no penitenciarios, dependientes del Ministerio del Interior, cuyo
objeto es la custodia preventiva y cautelar de extranjeros, bien en situación
irregular bien sujetos a expedientes de expulsión. Tienen finalidad únicamente preventiva y están sujetos a supervisión judicial.

Se rigen por el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba
el reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los Centros de
Internamiento de Extranjeros. El artículo 3 del citado Real Decreto, establece que la dirección, gestión, coordinación e inspección se ejecutan por la Dirección General de la Policía, que también será responsable de su seguridad y vigilancia, siendo función de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras coordinar los ingresos y salidas en los centros con el objeto de optimizar su ocupación.

Asimismo, los CIE se hallan bajo la dependencia orgánica y funcional de la plantilla policial donde se ubiquen, sin perjuicio de la superior competencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras en materia de gestión y coordinación.

Los agentes reclaman que los responsables políticos y sus superiores jerárquicos velen por la integridad física del personal policial que presta servicios, así como de los internos custodiados por estos, adoptando las medidas necesarias. Entre ellas, y de manera urgente, proporcionar el material de dotación necesario para la plantilla policial efectiva y autorizando la aplicación del régimen disciplinario correspondiente a aquellos internos conflictivos o que no respeten las normas de convivencia de los centros.