Junqueras reconoce que seguirán usando dinero público «para construir la república catalana»

El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, bendice la controvertida reforma del delito de malversación, una apuesta personal de Pedro Sánchez que está hecha a medida para él y ha sido impuesta por Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, a cambio de apoyar los Presupuestos Generales del Estado. Y no sólo la bendice, sino que de manera implícita adelanta que seguirá utilizando dinero público para construir la república catalana.

Esta modificación está hecha a medida de los políticos independentistas catalanes, que protege a otros miembros como al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

«Con pasos como éste, conseguiremos concentrar toda nuestra fuerza política para plantar justicia allí donde haya injusticia», ha reaccionado Junqueras. «Sólo así será posible limitar la capacidad represiva del Estado y, al mismo tiempo, avanzar en el camino de la construcción de una República Catalana justa», ha insistido el político independentista, que en repetidas ocasiones ha reconocido que no se arrepiente de participar en el referéndum ilegal del 1 de octubre.

ERC propone crear un nuevo tipo dentro del delito de malversación para castigar con una pena menor de cárcel a quienes malversen dinero público pero sin ánimo de lucro personal. La condena sería de entre 6 meses y 3 años de prisión, en lugar de entre 2 a 6 años. Así lo ha presentado la formación separatista en una serie de enmiendas   propuesta de PSOE y Podemos para derogar el delito de sedición. Se trata de una nueva exigencia de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso para que Oriol Junqueras, condenado también por malversación, pueda concurrir como candidato a la Generalitat de Cataluña, ya que actualmente pesa sobre él una pena de inhabilitación para cargo público de 13 años.

ERC apuesta por crear un nuevo artículo 432 bis según el cual «la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años».