La juez Lamela cita a Puigdemont y el Govern este jueves por rebelión
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La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía por delitos de rebelión, sedición y malversación contra Carles Puigdemont y otros 13 ex miembros del Govern y les cita para declarar este jueves y viernes.
De esta forma, la juez se declara competente, admite la querella y como primera diligencia acuerda la citación de los 14 exmiembros del Govern en calidad de investigados para el próximo jueves 2 de noviembre a las 9:00 horas y el viernes 3 de noviembre a la misma hora.
La magistrada precisa que declararán como investigados y a los efectos de celebrar la comparecencia regulada en el artículo 505 de la Ley de enjuiciamiento Criminal, para valorar «la adopción de medidas cautelares de carácter personal respecto de los querellados». La magistrada acuerda también fijarles una fianza de 6.207.450 euros que deberán depositar en el plazo de tres días con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no depositan la fianza.
Además, la juez ordena incorporar a la causa las copias de diferentes acuerdos adoptados por el Parlament de Cataluña en los últimos meses, así como los últimos decretos del Govern en relación con el proceso secesionista de Cataluña.
En su auto, Lamela explica que conforme al relato expuesto por el fiscal en su querella, «los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una República catalana independiente de España en una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado, por lo que puede encajar en una manera de atentar contra la forma actual de gobierno de España, y por tanto sería competencia de la Audiencia Nacional, tal y como viene establecido en el artículo 65.1 de la Let Orgánica del Poder Judicial».
La magistrada recuerda que en esta fase inicial de admisión de una querella no constituye todavía un acto de imputación judicial y que sin perjuicio de la futura precisión acerca de la existencia de pruebas para los delitos imputados, se trata exclusivamente «de establecer en primer lugar si, a los efectos de admisión a trámite de la querella, puede ser exclusivo el carácter delictivo de las conductas imputadas a los querellados y, en segundo lugar, si existen indicios de que tal conducta efectivamente ha sido ejecutada”.
Teniendo en cuenta estas dos condiciones, la juez concluye que del relato del fiscal se desprende que los querellados «urdieron una estrategia de la que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Òmnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el parlamento el pasado 27 de octubre”.
Según lamela, en la querella del fiscal se exponen de manera “seria , racional y lógica los motivos que llevan al Ministerio Fiscal a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión que absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación”. Por ello, sin perjuicio de la calificación jurídica que finalmente pueda otorgarse, la juez admite la querella en los términos planteados por el Ministerio Público.
La magistrada procede a incorporar la querella a la causa donde ya investiga por sedición a los presidentes de ANC y Òmnium, teniendo en cuenta que los hechos hasta ahora investigados “se encuadran dentro de todo el proceso secesionista que se describe en el escrito de querella y que las personas investigadas en los mismos formaban parte de las estructuras básicas integradas en esa estrategia diseñada y ejecutada por los ahora querellados”.
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