El juez lleva a juicio a cinco jefes de ETA por el asesinato de Gregorio Ordóñez hace 30 años

La Audiencia Nacional, a través del juez Francisco de Jorge, ha dictado auto de procesamiento contra cinco antiguos dirigentes de ETA por su presunta participación en el asesinato del teniente alcalde de San Sebastián, Gregorio Ordoñez. El crimen ocurrió el 23 de enero de 1995 y los procesados formaban parte del Comité Ejecutivo de la organización terrorista desde 1992 hasta el momento de sus respectivas detenciones. La acusación popular, ejercida por la Asociación Dignidad y Justicia, consiguió la reapertura del caso al incriminar a la cúpula del grupo terrorista ETA.

Jose Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, Ignacio Gracia Arregi, conocido como Iñaki de Rentería, Miguel Albisu (Mikel Antza), Julián Achurra Egurola, alias Pototo, y Juan Luis Aguirre Lete (Isuntza), serán juzgados en la Audiencia Nacional. El magistrado les imputa delitos de asesinato terrorista y atentado contra la vida de Gregorio Ordoñez. Además, el auto judicial establece su responsabilidad en todas las acciones terroristas ejecutadas por ETA durante su período en el Comité Ejecutivo, independientemente de si participaron directamente en la selección de los objetivos.

La resolución judicial, recogida por OKDIARIO, detalla la estructura operativa de ETA, diferenciando entre las funciones del Comité Ejecutivo y los comandos. El comité se reservaba la selección de objetivos considerados de especial relevancia política, mientras que los comandos tenían autonomía para elegir objetivos considerados «ordinarios», como miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y militares.

Entre las responsabilidades del Comité Ejecutivo destacaban el control y coordinación de los comandos, el entrenamiento de militantes, el suministro de armamento y explosivos, y la gestión logística necesaria para la comisión de atentados. También se encargaban de prevenir deserciones, facilitar la huida de miembros a países seguros y, en casos necesarios, ejecutar represalias contra desertores.

La resolución también señala que el Comité Ejecutivo manejaba los aspectos financieros de la organización, incluyendo la financiación de atentados, el pago a miembros liberados y la provisión de recursos económicos a quienes abandonaban la actividad armada con autorización, garantizando así la sostenibilidad económica de toda la estructura terrorista.

Cúpula de ETA

El juez recuerda que Gregorio Ordoñez fue asesinado el 23 de enero de 1995 de un disparo efectuado por un individuo encapuchado que irrumpió en el restaurante La Cepa de San Sebastián, donde la víctima estaba comiendo con otros compañeros de partido. Un asesinato por el que fueron juzgados y condenados los miembros del comando Donosti de ETA. Se trataban de Valentín Lasarte, Javier García Gaztelu y Juan Ramón Carasatorre.

Para el juez, el atentado contra Gregorio Ordoñez se encuadra dentro de la «estrategia de desestabilización» que desarrollaban los procesados a través de la cúpula de ETA.  El magistrado considera que ha quedado acreditada su función decisiva en la orden de asesinar a Gregorio Ordoñez, como resultado de una decisión colegiada adoptada en 1994.

El magistrado relata que el etarra Kantauri mantuvo una reunión con uno de los autores materiales del asesinato, Valentín Lasarte, en septiembre u octubre de 1994 en la localidad francesa de Bayona.  En este encuentro, Lasarte manifestó su decisión de tomar un papel menos activo en ETA. Sin embargo, en el curso de la reunión, el etarra le ordenó colaborar con dos miembros liberados del comando Donosti que cometerían atentados. 

Declaraciones de etarras

La decisión del magistrado Francisco de Jorge llega tras la declaración que prestó el propio Lasarte tras su detención, un año después del asesinato de Gregorio Ordoñez. El etarra reveló su encuentro con Kantauri y declaró detalladamente cómo se planificó y materializó el atentado del teniente alcalde. El juez también señala como indicios las declaraciones que obran en el sumario prestadas por los testigos protegidos que comparecieron en sede judicial. En estas testificales se concluyó que la orden de asesinar a Gregorio Ordóñez fue tomada en Francia. 

Los informes de Guardia Civil y Policía Nacional aportados en la causa de lesa humanidad y solicitados por Dignidad y Justicia permitieron a los investigadores averiguar quiénes estaban al mando cuando se cometieron algunos asesinatos. Estos documentos corroboran que, en aquella época, la dirección de la organización terrorista había decidido una nueva estrategia de desestabilización que implicaba asesinar a políticos del PSOE, PP o PNV. Fue en ese momento cuando la banda ETA dejaba de atentar únicamente a policías, guardias civiles o militares.