El juez José de la Mata impone una fianza de 500 millones para los hijos de Ruiz-Mateos

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado este viernes la apertura de juicio oral por la estafa de Nueva Rumasa contra 15 personas, entre ellas seis hijos del fallecido empresario José María Ruiz-Mateos, para los que impone una fianza de algo más de 496 millones de euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 atribuye a los 15 acusados delito continuado de estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública contra Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos y el empresario Ángel de Cabo, además de otras ocho personas, todos ellos responsables del Grupo Nueva Rumasa. Además, señala a 57 empresas como responsables civiles subsidiarias y a nueve personas en calidad de partícipes a título lucrativo, entre ellas siete hijas y un hermano del empresario fallecido en septiembre de 2015,

La Fiscalía Anticorrupción reclama 16 años de prisión para cada uno de los seis hijos de Ruiz-Mateos imputados en el caso por idear, según su escrito de acusación, un sistema de financiación del Grupo de naturaleza piramidal entre 2009 y 2011 consistente en captar fondos del público bajo la forma de préstamos retribuidos con altos intereses, cuya devolución se garantizaba mediante pagarés y otros efectos emitidos y avalados por sociedades del Grupo.

Deudas de 577 millones de euros

En el auto de apertura de juicio oral, De la Mata describe todas las prácticas irregulares presuntamente ideadas por los acusados: la forma en que simulaban movimientos de efectivo, que en realidad eran traspasos entre cuentas del Grupo; cómo realizaban » operaciones fuelle» con sociedades pantalla para generar créditos ficticios como forma de obtener liquidez a corto plazo; cómo usaban testaferros en sociedades formalmente ajenas, unas prácticas que agravaron la situación económica de las empresas del Grupo, cuyas deudas acumuladas en 2009 alcanzaban los 577 millones de euros.

El escrito del magistrado no concreta el número de sociedades del Grupo porque éste no puede «fijarse con seguridad», ya que, aunque su publicidad alude a 107 empresas, algunos documentos internos recogen listados de hasta 164 españolas y 48 extranjeras e informes de administradores concursales relacionan 171 empresas. Además, el análisis conjunto de la documentación mercantil, societaria y bancaria disponible permite al juez conectar directa o indirectamente los hechos investigados con 445 sociedades, 56 de ellas extranjeras.

Según el juez, ante esta situación de insolvencia y la imposibilidad de recurrir a mayor financiación bancaria, los responsables de Nueva Rumasa urdieron una trama consistente en la captación de inversores. Así, entre 2009 y 2011 los fondos captados a los inversores, que constituyeron la única financiación del Grupo, «no se destinaban ni a los que se publicitaba ni a la propia sociedad emisora, sino que servían para atender deudas de otras sociedades del grupo o para adquirir otras sociedades de renombre para seguir consolidando el engaño de la garantía generalizada», explica el auto.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 relata también en el auto -contra el que cabe recurso en un plazo de 30 días– la operativa de ocultación del patrimonio que los acusados desarrollaron a partir de 2011 ante las obligaciones de pago que tenían que afrontar, así como las declaraciones de concurso voluntario de las principales empresas del Grupo.

Denunciaron 1.409 perjudicados

Un total de 1.409 perjudicados por el Grupo Nueva Rumasa presentaron denuncia por esta estafa y reclaman 171 millones de euros, de modo que, a la vista de las eventuales multas y responsabilidades civiles que pudieran imponerse a cada acusado, el juez fija en algo más de 496 millones de euros las cantidades a depositar por los acusados principales, seis hijos de José María Ruiz Mateos. El juez señala a 57 empresas del Grupo como responsables civiles subsidiarias y nueve partícipes lucrativos, entre ellos, Joaquín Yvancos, el que fuera el abogado de José María Ruiz-Mateos.

En lo que respecta al delito de estafa, De la Mata indica en su auto que los investigados actuaron con manifiesto ánimo de lucro y, como únicos beneficiarios, utilizaron engaño para producir error a los inversores, induciéndoles a invertir sus ahorros mediante préstamos que eran documentados en reconocimientos de deuda de distintas empresas del Grupo Rumasa pese a su manifiesta insolvencia.

En este caso el engaño se produjo, explica, al realizarse la transmisión patrimonial bajo el engaño de una aparente solvencia, unos intereses remuneratorios altos, una campaña publicitaria «manifiestamente engañosa» y un compromiso de invertir los capitales obtenidos en la consolidación y ampliación del Grupo.

«Obvio es significar que, de haber conocido las circunstancias económicas reales de las empresas y los verdaderos propósitos de los imputados, los inversores no hubieran realizado las operaciones de préstamo, ya que desde el primer momento no pensaban devolver el dinero», detalla.

Salvaguardar su patrimonio

Sobre el delito de alzamiento de bienes, el juez afirma que los imputados idearon y pusieron en práctica diversas estrategias para salvaguardar su patrimonio a la vista del cúmulo de responsabilidades penales y patrimoniales que podrían derivarse de las prácticas irregulares ya mencionadas.

Las ventas supusieron la transmisión de sus patrimonios sociales ?fincas, hoteles, participaciones sociales?, bienes que los miembros de la familia Ruiz-Mateos pretendían recuperar secretamente a través de Ángel de Cabo y otros acusados, algo que «solo podrían conseguir sin pagar previamente a todos sus acreedores».

Por último, en cuanto al delito de blanqueo de capitales, De la Mata destaca que «toda la operativa desplegada por los imputados tuvo desde su comienzo la finalidad de ocultar los capitales captados desde el mismo momento de su obtención, con la finalidad de hacerlos desaparecer para aprovecharse de los mismos» mediante la creación de una trama de sociedades mercantiles extranjeras, ubicadas en paraísos fiscales o países de baja tributación, el uso de testaferros o el desarrollo de una serie de prácticas financieras «por completo irregulares, sin más finalidad que la creación de capas de opacidad».

El delito contra la Hacienda pública, el magistrado sólo lo atribuye a José Ramón Romero López, sobre el que explica que durante el tiempo que estuvo al frente de la oficina del Grupo Nueva Rumasa en Jerez de la Frontera obtuvo ingresos que no declaró.