Una juez investiga a Iglesias por denuncia falsa al acusar a un vecino de encaramarse a su casoplón

La juez Camino Serrano, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Collado Villalba, ha abierto diligencias de investigación contra el fundador de Podemos, Pablo Iglesias, por denuncia falsa. El ex vicepresidente del Gobierno acusó al vecino de Galapagar Miguel Frontera de un supuesto acoso por participar en las protestas frente a su casoplón en la urbanización La Navata. Este ciudadano decidió interponer acciones legales al entender que el ex secretario general de Podemos «mintió» al juez en su declaración judicial en una causa abierta contra él.

En la querella, adelantada por OKDIARIO, la letrada de Frontera afirma que Iglesias «interpuso querella contra Miguel Frontera el 29 de julio de 2020 en la que se le imputa la comisión de un delito de revelación de secretos, acoso y otros delitos por encaramarse a la valla trasera exterior de la vivienda y proceder a grabar desde ahí el interior de la vivienda» del ex vicepresidente y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La letrada de Frontera, Polonia Castellanos, recuerda que Iglesias afirmó en su denuncia que el 12 de julio Miguel Frontera se subió al muro del chalet y fue detectado por el dirigente de Podemos y su pareja grabando un vídeo hacia el interior del domicilio a través de su teléfono móvil.

Sin embargo, Pablo Iglesias manifestó en su declaración judicial que «realmente Miguel Frontera solamente se había subido a una roca que existe en el campo, fuera de la propiedad del querellante, no invadiendo por tanto en ningún momento su propiedad», según recoge el escrito presentado por la letrada del vecino denunciado. Del mismo modo, durante el interrogatorio se visionaron los vídeos y se pudo comprobar que en ningún momento Frontera «se encarama a la valla ni invade» el casoplón de Galapagar.

Por todo, Miguel Frontera decidió interponer una querella por denuncia falsa contra Iglesias recogido en el artículo 456 del Código Penal, en el que incurren «los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal».  Añade el Código Penal que «si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses si se imputara un delito grave, con la pena de multa de 12 a 24 meses si se imputara un delito menos grave o con la pena de multa de tres a seis meses si se imputara un delito leve».

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Collado Villalba ha abierto diligencias de investigación para esclarecer si Iglesias cometió dicho delito. En un escrito judicial, al que ha tenido acceso este periódico, la magistrada solicita a la abogada de Frontera que subsane unos requisitos formales de la querella como nombrar a un procurador en la causa. En caso de no hacerlo en un plazo de diez días se podría proceder a la inadmisión de la querella.