Por qué hay que botar a Sánchez, quedan 20 días: condonación de la deuda con Cataluña

El 24 de febrero de 2025, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, anunció un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para condonar 17.104 millones de euros de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La cantidad representaba el 22% de esa deuda y superaba el 20% comprometido inicialmente en el pacto de investidura firmado por PSOE y ERC en noviembre de 2023. El anuncio reabrió la polémica sobre las concesiones económicas al independentismo catalán y provocó el rechazo del Partido Popular, que denunció un trato desigual entre territorios.

El acuerdo tenía su origen en las negociaciones que permitieron la investidura de Pedro Sánchez en 2023. La condonación parcial de la deuda catalana había sido una de las condiciones pactadas con Esquerra Republicana. Más de un año después, Junqueras anunció los 17.104 millones acordados y reivindicó que ERC había conseguido mejorar las condiciones inicialmente previstas.

La entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó ese mismo día una propuesta para extender la medida al conjunto de las comunidades autónomas de régimen común. El plan contemplaba que el Estado asumiera 83.252 millones de euros de deuda autonómica. Andalucía recibiría la mayor quita en términos absolutos, con 18.791 millones, seguida de Cataluña, con 17.104 millones, la Comunidad Valenciana, con 11.210 millones, y Madrid, con 8.644 millones.

Sin embargo, la extensión de la condonación al resto de autonomías no evitó las críticas. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Ejecutivo de utilizar los recursos públicos para satisfacer los compromisos adquiridos con los independentistas. También cuestionó que la medida pudiera beneficiar a administraciones que habían acumulado elevados niveles de endeudamiento.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se sumó a las críticas al considerar que el pacto premiaba decisiones de gasto adoptadas por determinados gobiernos autonómicos. Por su parte, Hacienda defendió que los criterios de distribución respondían a factores técnicos, entre ellos la población ajustada, la infrafinanciación histórica y determinadas decisiones fiscales de las comunidades.

La cuestión económica también provocó controversia. La condonación permitiría reducir los pasivos de las autonomías, pero no supondría que las obligaciones financieras desaparecieran automáticamente del conjunto de las administraciones públicas. En los préstamos del FLA, el mecanismo consistía en cancelar deuda que las comunidades mantenían con el Estado; para otros préstamos, se contemplaba que el Estado asumiera la posición de deudor.

El Gobierno justificó la iniciativa como una forma de corregir el sobreendeudamiento autonómico derivado de la crisis financiera y estimó que el conjunto de comunidades podría ahorrar unos 6.700 millones de euros en intereses.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera respaldó la propuesta el 26 de febrero de 2025. Posteriormente, el Ejecutivo aprobó el anteproyecto de ley en septiembre y remitió el proyecto al Congreso en diciembre de ese año. En julio de 2026, la Cámara rechazó las enmiendas de totalidad presentadas por PP y Vox, y en septiembre reactivó su tramitación.