España

El juez da la razón a Cifuentes y no autoriza la entrega de actas del Canal a la oposición

Cifuentes dará explicaciones finalmente el próximo viernes sobre Lezo en la comisión de investigación

El juez Manuel García Castellón ha dictado un auto en el que concluye no puede entregar a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid las actas del Canal de Isabel II, en el marco del caso Lezo, que le solicitaba la oposición, dando así la razón al Gobierno de Cristina Cifuentes.

El Ejecutivo autonómico había pedido permiso al magistrado para hacer entrega de la documentación. Aseguró que no se entregarían hasta que la justicia se pronunciara al respecto.

En el auto, fechado a 29 de enero y al que ha tenido acceso Europa Press, el juez dice que «no ha lugar a la entrega de la documentación requerida por la comisión de investigación de corrupción política de la Asamblea de Madrid relativa a este procedimiento judicial», en referencia al caso Lezo. Cabe recurso de reforma en el plazo de tres días.

Esta decisión da respuesta al consejero de Presidencia, Justicia y portavoz, Ángel Garrido, que preguntaba al presidente del Consejo General del Poder Judicial para que aclarara si el Ejecutivo madrileño podía entregar las actas.

El auto es posterior a una primera providencia del pasado verano que sí permitía autorizaba la entrega y que provocó la polémica. Cifuentes tuvo que cesar al subdirector que no trasladó dicho aviso y que supuso un retraso en enviar los documentos.

La Fiscalía Anticorrupción informa «que no resulta procedente entregar la documentación solicitada» y, además, acude al reglamento de la comisión de investigación para ver que «evidencia claramente que la facultad de recabar documentación por parte los integrantes de cualquier comisión de investigación de la Asamblea se circunscribe a la que precise del Gobierno y de la Administración».

«En ningún momento se les faculta para recabar información o documentación al Poder judicial sobre procedimientos que, como ocurre en estas diligencias previas, se están conociendo por los jueces y tribunales», añade.

También el juez abunda en la Ley de Enjuiciamiento criminal para señalar que aunque haya juicio oral y «sean públicos todos los actos del proceso», esto no implica la publicidad y entrega de documentos de dicho proceso. Añade que las actuaciones judiciales «no son documentos».

Presunción de inocencia y juicios paraleos

Otra de las razones por la que el juez impide la entrega de documentos en procedimientos sub iúdice deriva del derecho a la presunción de inocencia y  que no hay una sentencia definitiva. El juez «puede anular, por vulneración de derechos fundamentales, elementos probatorios que de estar documentados, su entrega a terceros, en este caso, a la comisión, podrían conducir a valoraciones y juicios paralelos contrarios a la decisión judicial y a la presunción de inocencia de los acusados.

Pone como ejemplo varias actuaciones que supondrían una vulneración de derechos fundamentales de no acordarse por el juez instructor: la entrada y registro en el domicilio de particulares, las intervenciones telefónicas, restricciones a información tributaria o cesión de información por otros países, a través de comisiones rogatorias.

Reunión de la comisión

Tras esta última hora, la Mesa de la Comisión de Investigación de Corrupción Política de la Asamblea se reunirá este miércoles. Este mismo viernes, 2 de febrero, Cifuentes está citada a comparecer a las 12 en la comisión para tratar el caso Lezo. No podrá ser preguntada sobre el retraso en la entrega de las actas que ahora se ha demostrado que no era posible.

Los integrantes de la Mesa que preside Ciudadanos analizará de qué manera este nuevo auto modifica la situación. Mientras tanto, desde el PP han instado a los grupos de la oposición a que pidan «perdón». Garrido ha indicado en Twitter que «la verdad siempre resplandece» y que ahora sólo queda que tanto Cs, como PSOE y Podemos pidan disculpas «por sus mentiras».

Podemos insiste

El portavoz de Podemos en esta comisión, Miguel Ongil, ha asegurado: «En el auto dice que él no las va a dar, no que el Gobierno no las pueda dar», ha resaltado Ongil. Indica que el juez «no puede negar información que no le hemos pedido». «Nosotros solicitamos al Gobierno que nos entregara las actas, no al juez», ha reiterado Ongil. Las actas «deberían ser públicas» y que son «previas a la apertura de la causa y, por tanto, al secreto de sumario», subraya.

Sostiene que la función de un juez instructor «no es hacer de mediador entre poder legislativo y ejecutivo». Este auto le parece «compatilbe y complementario» con la providencia del pasado agosto, en el que autorizaba la entrega de documentación contestando a al viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de entonces, Enrique Ruiz Escudero.