Los jueces catalanes denuncian que el «hostigamiento» de la Generalitat provoca 1 de cada 10 vacantes

Los magistrados catalanes denuncian que el «hostigamiento» institucional al que se ven sometidos desde la Generalitat de Cataluña está detrás del 10% de las plazas vacantes que la Administración de Justicia acumula en la comunidad autónoma.

Fuentes jurídicas confirman a OKDIARIO que en la actualidad, de las 820 unidades que conforman la planta judicial catalana, un total de 85 están desiertas. Esto es, 1 de cada 10 plazas creadas.

El éxodo de los magistrados destinados en Cataluña es un drama, además «de una situación anómala», lamentan desde la principal Asociación Profesional de la Magistratura en Cataluña (APMC). El hecho de que las competencias en materia de administración de Justicia «estén íntegramente transferidas» y que, por tanto, la Generalitat separatista gestione los recursos y el personal de los juzgados contribuye, en gran medida, a ello.

El «escenario político» hace imposible el desarrollo de la actividad judicial normal y ordinaria, sin presiones, apuntan desde la APMC. «Es una deslealtad de un poder del Estado a otro» que desde el Parlament se haya aprobado hace unos días «una resolución en contra de la sentencia del ‘procés’», añaden.

Traslados

Y es que las cifras son alarmantes. Desde que comenzase el ‘procés’, más de 48 jueces pidieron su traslado para salir de la comunidad autónoma, durante 2018 -el doble de los que lo habían hecho el año anterior- tal y como recogía la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Una cifra que se ha vuelto a incrementar, exponencialmente, hasta el centenar magistrados que han abandonado Cataluña por el «acoso» a que se ven sometidos  y a las contantes «críticas» que reciben de los actores independentistas del Ejecutivo y del Legislativo de la comunidad autónoma presidida por Quim Torra.

Tal es así que las asociaciones profesionales de jueces sólo han mantenido una reunión, a iniciativa propia, con la actual Consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Esther Capella. «No nos ha convocado ni una sola vez desde que llegó al puesto», confirman a OKDIARIO desde la APMC.

Además, jueces y fiscales han sido, junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el rey Felipe VI los enemigos declarados de la causa sediciosa en Cataluña, desde el aciago otoño de 2017.

El juez Llarena

El máximo exponente de la presión a jueces en Cataluña son, hasta la fecha, los ataques de los radicales independentistas a la casa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del juicio del ‘procés’. Hasta en dos ocasiones han aparecido pintadas en la fachada de su domicilio familiar en las que se puede leer “Llarena FDP” (Fill de puta), acompañadas de un lazo amarillo.

Las pintadas, de marzo de este mismo año, se localizaban en la vivienda familiar del juez en en San Cugat del Vallès.

De este modo los independentistas volvían a marcar la casa de Llarena después de que el magistrado sufriese, el año pasado, las consecuencias de liderar el juicio contra los separatistas catalanes.

Las facciones más radicales del ‘procés’ emprendieron una campaña de acoso a la familia Llarena que comenzó con pintadas en el que falsamente identificaron como el chalet de su propiedad en la localidad de Das, en la Baja Cerdaña (Gerona) y siguieron con mensajes amenazadores en las redes sociales para Gema Espinosa, esposa del juez.