Igualdad admite que hubo «excarcelaciones» de maltratadores por la pérdida de datos de las pulseras
OKDIARIO destapó la pérdida de datos de las órdenes de alejamiento por maltrato anteriores a marzo de 2024
Igualdad compró dispositivos de control deficientes que los maltratadores pueden quitárselos «perfectamente»
Ana Redondo, ministra de Igualdad, ha admitido que la chapuza de los datos de los maltratadores causó la excarcelación de alguno de ellos. La política socialista ha asegurado este viernes que «prácticamente ninguna persona» ha sido excarcelada, reconociendo implícitamente que la pérdida de los datos históricos de las órdenes de alejamiento por maltrato anteriores al 20 de marzo de 2024, desvelada por OKDIARIO, permitió la liberación de maltratadores.
La titular de Igualdad ha tratado de calmar las aguas tras conocerse esta noticia junto a la compra de dispositivos de control tan deficientes que los propios maltratadores pueden quitárselos «perfectamente». Redondo ha asegurado que cuando han detectado un problema «inmediatamente una trabajadora de Cometa ha acudido al Juzgado a testificar».
La también ex concejal del PSOE en Valladolid ha asegurado que, por tanto, los datos perdidos por Igualdad no son los únicos medios de prueba con los que cuenta la justicia. De ese modo, ha incidido en que no ha habido «ninguna salida ni excarcelación de prácticamente ninguna persona que hubiera realizado ese quebrantamiento de condena». Es decir, que, de forma tácita, admite que haya podido haber alguna persona beneficiada de esa chapuza.
«Se ha generado una alarma que nada tiene que ver con el funcionamiento de las pulseras. Funcionan, que estén tranquilas. Están protegidas a salvo», ha aseverado la dirigente socialista. Asimismo, ha insistido en que las «pulseras han funcionado en todo momento y funcionan correctamente». «Salvan vidas y eso es lo importante», ha apostillado para añadir que «se ha generado una alarma fundamentada en exageraciones que nada tienen que ver con la realidad».
Nuevo sistema de seguimiento
El problema surgió con la nueva adjudicación del servicio del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación. Con el nuevo contrato se desencadenó un problema técnico que afecta directamente a la protección de las víctimas de violencia de género.
Y es que, con el nuevo sistema crecieron las dificultades para descargar y volcar la información del anterior proveedor de servicios. El paso de una empresa a otra ha provocado que la información anterior –que se encuentra cifrada– no se haya traspasado correctamente a las nuevas bases de datos.
Trabajadoras del propio centro Cometa han denunciado múltiples fallos técnicos que comprometen la seguridad de las víctimas, desde la congelación de la ubicación de agresores durante horas o días hasta imprecisiones geográficas por errores en el GPS.
La Fiscalía ha documentado en su memoria correspondiente a 2024 «múltiples fallos» detectados con estos dispositivos telemáticos de pulseras antimaltrato. El Centro Cometa, encargado de la monitorización, ha informado «reiteradamente» a los juzgados que no pueden facilitar información anterior al 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos.
Esta anomalía produce consecuencias tanto en la fase de instrucción ante los juzgados de Violencia sobre la Mujer como en la fase de enjuiciamiento. En el juzgado de lo Penal «se impide que el legal representante del centro de control pueda responder a las preguntas relativas a cualquier incidencia anterior a la fecha indicada», lo que «en muchos casos, aboca a una sentencia absolutoria».
La empresa que fue subcontratada para la realización de este servicio, una compañía israelí, encriptó todos los datos de los expedientes. Ahora, la firma encargada hasta entonces de custodiar los datos se niega a darlos al Gobierno.
Las fiscalías de Madrid, Gerona, Granada y Tenerife han alertado específicamente de «problemas de descarga de la información del anterior proveedor de servicios». Además, avisaron a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género «para que se procediera a su solución, ante la potencial desprotección de las víctimas».
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