Hacienda contrata clases de inglés para negociar con la UE en plena crisis por los Presupuestos

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 22/11/2018 18:31
  • Actualizado: 22/11/2018 18:33

El Ministerio de Hacienda ha sacado a licitación pública la contratación del servicio de clases de idiomas a sus altos cargos. El contrato se dirige, específicamente, a «servicios de clases presenciales de inglés, francés y alemán para altos cargos y grupos especiales» del Ministerio. La duración es de dos años con posibilidad de prórroga, y el importe máximo, de medio millón de euros.

En la memoria justificativa, el departamento de María Jesús Montero esgrime la «necesidad» de «aumentar los niveles de conocimiento de los alumnos en los aspectos de comprensión, expresión oral y escrita en situaciones generales, aunque cabe en determinados supuestos, se entrene la capacidad de utilizar el idioma en reuniones, negociaciones y conferencias de alto nivel».

El contrato eleva significativamente la dotación de años anteriores. En 2016, el gobierno de Mariano Rajoy adjudicó los cursos de idiomas al Instituto Superior de Estudios Empresariales Cambridge por un importe final de 98.490 euros, y lo prorrogó un año más por el mismo importe. El presupuesto base de licitación actual lo duplica con creces.

El mayor esfuerzo se destina a las clases de inglés, para lo que se prevén formar hasta 40 grupos de trabajo, por 6 de francés o 4 de alemán. Los destinatarios serán los altos cargos del Ministerio y otros empleados «que ostenten cargos de especial responsabilidad donde el dominio del idioma de que se trate sea necesario para el desempeño de los cometidos que tienen asignados». Recibirán dos horas de clase semanales, durante unas 35 semanas al año en la propia sede de Hacienda. El Ministerio calcula un precio por hora de unos 30 euros.

El contrato exige que un 75 por ciento de los profesores sean nativos y recoge que «cuando un grupo no esté satisfecho con el profesor que se le ha asignado o proponga trasladar sus clases a un horario distinto del que tenía asignado en principio, la empresa adjudicataria deberá ofrecer alternativas aceptables en un plazo máximo de 48 horas». Para la adjudicación se tendrá en cuenta, además de estos criterios, que se realicen informes de seguimiento y la flexibilidad para anular las clases sin coste para el ministerio.

«Necesidad de conocimiento de idiomas»

El departamento concluye que «la constante relación de las Administraciones públicas españolas con instituciones de la Unión Europea, hace necesario el conocimiento de idiomas por parte de los empleados públicos» y para ello «es necesario contar con profesores nativos de los distintos idiomas, que posean un alto nivel de cualificación de forma que puedan adaptar los contenidos de los cursos a intereses específicos y necesidades de los alumnos seleccionados», según se detalla en el informe sobre la ‘insuficiencia de medios propios’ que justifica el contrato.

El contrato persigue, sobre todo, que los altos cargos dispongan de solvencia en idiomas, en vistas a las negociaciones europeas y se presenta, precisamente, en pleno varapalo de la Unión Europea a los Presupuestos de Pedro Sánchez. Sin duda, uno de los temas prioritarios en las conversaciones del Gobierno con las instituciones comunitarias.

Este miércoles, la Comisión Europea advirtió a Sánchez de que sus cuentas ponen en riesgo el crecimiento de la economía española y de que no se cumplan los objetivos del pacto de Estabilidad en ajuste estructural y en reducción de deuda. La UE desconfía de las medidas pactadas entre el presidente del Gobierno y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en tanto la recaudación que prevé procede de leyes que ni siquiera han sido aprobadas ni tienen previsión de serlo. España, avisó el vicepresidente económico de la Comisión, Vadis Donbrovskis, «debe hacer cambios sustanciales en el plan revisado que se apruebe en el Parlamento» y que debe ser remitido a Bruselas. «Esperamos un plan revisado», acompañó también el comisario de Economía, Pierre Moscovici.