El gurú comunista de Sánchez se alía con la Fundación Largo Caballero para promover la memoria democrática

• Paula Ciordia @paulaciordia
• Periodista y filóloga | Vox | Inmigración | Wokismo | Taurina en Entre Pitones | paula.ciordia@okdiario.com
• • 22/04/2026 05:52
  • Actualizado: 22/04/2026 05:52

El gurú castrista de Pedro Sánchez, Alexandre Pupo, ex asesor de Lula da Silva, se perfila como una de las figuras clave en la estrategia del Gobierno español para expandir la memoria democrática entre los jóvenes iberoamericanos más allá de las fronteras españolas a través de sociedades satélites de la UGT, como la Fundación Francisco Largo Caballero.

Lo que más llama la atención en el acuerdo alcanzado para divulgar activamente la ley entre los jóvenes no es la participación ni del brasileño ni del Organismo Juvenil de Iberoamérica (OIJ) que lidera, sino los socios escogidos para «consolidar» la memoria democrática en el continente, destacando la Fundación Francisco Largo Caballero. Esta fundación se encarga de reivindicar el legado del sanguinario socialista republicano que «soñaba convertir España en un soviet» y que demuestra la radicalidad de la postura del gurú brasileño de Sánchez.

La alianza entre el OIJ y la Fundación Largo Caballero ha generado críticas desde distintos ámbitos. Consideran que se trata de una iniciativa con un marcado componente político, teniendo en cuenta que fue el cariz de uno de los firmantes. Se reclama el legado de uno de los responsables del Terror Rojo durante la guerra civil española, mientras el propio Sánchez ha llegado a afirmar en una ocasión que el exministro de la República, conocido como el Lenin español, era «un referente» para el PSOE actual.

Pupo, secretario general del OIJ, ha suscrito el convenio de colaboración también con el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) y sus juventudes, Ruge. El acuerdo rubricado en la Universidad de Alcalá de Henares tiene como objetivo impulsar actividades, programas formativos y acciones de divulgación dirigidas especialmente a jóvenes de países iberoamericanos.

Memoria democrática y su impacto en el voto

Según diversas fuentes consultadas por OKDIARIO, esta alianza «pretende reforzar la presencia del relato institucional» sobre la memoria democrática entre las nuevas generaciones en el exterior por un canal institucional que interconecta con todos los ministerios de Juventud de los países iberoamericanos. Un hecho que contrasta con la apuesta del PP y Vox por derogar estas leyes.

Una jugada de Sánchez a la luz de la promoción de la conocida como Ley de Nietos, donde la figura del joven comunista Pupo adquiere especial relevancia, dado su papel como referente en amplios sectores de la izquierda juvenil iberoamericana y su cercanía ideológica a postulados afines al régimen cubano, sobre todo tras su participación en el Convoy América que arribó a La Habana el pasado mes de marzo junto con miembros de EH Bildu y Podemos, entre otros partidos de extrema izquierda.

Fuentes consultadas por OKDIARIO sostienen que el Ejecutivo estaría utilizando la Ley de Memoria Democrática como una herramienta de proyección ideológica fuera de España de cara a sumar adeptos y «radicalizar el voto» ante la pérdida cada vez más acusada de seguidores entre los jóvenes.

A su juicio, el objetivo no sería únicamente la recuperación y difusión de la memoria histórica, sino también «influir en la percepción política de los jóvenes iberoamericanos», potenciales votantes en España. En este sentido, apuntan a que el relato del exilio y la nacionalidad podría desempeñar un papel relevante con un posible impacto electoral de estas políticas.

En concreto, la intención de fomentar la participación en el voto exterior, conocido como voto CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), entre los nuevos nacionalizados. Este voto ha resultado determinante en algunos procesos electorales recientes, lo que incrementa su importancia estratégica. Según estas interpretaciones, el Gobierno buscaría consolidar un apoyo electoral en este colectivo a través de iniciativas vinculadas a la memoria democrática.

Teniendo en cuenta que en las anteriores elecciones generales, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se reconoció que «nueve provincias dependían de menos de 2.000 papeletas para cambiar de formación política, donde los resultados son muy ajustados». En 2023 fueron las provincias de Cantabria, Guipúzcoa, Girona, Barcelona, Tarragona, Albacete, Madrid, Sevilla, Málaga, Santa Cruz de Tenerife y La Palma de Gran Canaria, donde se jugaban los escaños. Si bien, de estas nueve, en la mayoría la balanza beneficiaba a Vox o al PP.

Es algo que podría cambiar en los próximos comicios, teniendo en cuenta la motivación de las nuevas nacionalidades amparadas en el marco de la Ley de Memoria Democrática, que ha crecido de forma notable. Alcanzan cifras que superan los dos millones de personas. Un contexto parecido en 2023. Del número de votantes españoles que estaban llamados a participar en las urnas, el 31,7% votó frente al 6,8% de 2019, gracias a las facilidades para participar que permitió la reforma electoral de 2022 para la ciudadanía residente en el extranjero.