El Gobierno permite los homenajes a etarras por ser “legales” sin contar con informes jurídicos que lo avalen
El Gobierno ha asegurado oficialmente que los homenajes a etarras que se están produciendo son “perfectamente legales”. Pero lo cierto es que no cuenta con dictámenes jurídicos que lo avalen, al menos, en buena parte de los casos. Así ha quedado probado en el caso de la charla del etarra Abetxuko en la Universidad del País Vasco (UPV), donde acaba de reconocer la Delegación del Gobierno en documento público que no existe ningún dictamen jurídico que avale la pretendida legalidad del acto.
La Delegación del Gobierno no hizo nada para evitar que el etarra José Ramón López de Abetxuko acudiese a la Universidad del País Vasco para dar una charla sobre derechos humanos. No movió ni un solo dedo, a pesar de ser la administración encargada de velar por las víctimas según establece la ley. El acto se convirtió en una completa paradoja: un hombre que ha asesinado y que jamás ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento por sus crímenes acudía a un edificio público para hablar de los derechos humanos.
López de Abetxuco no es un etarra cualquiera, sino que tiene un gran peso dentro del entorno proetarra, ya que cuando salió de prisión el pasado año tras cumplir 29 de cárcel por los asesinatos de Eugenio Lázaro, jefe de la Policía Municipal de Vitoria; y de Jesús Velasco Zuazola, jefe de los Miñones de Álava, fue recibido por varios colectivos de familiares y de apoyo a presos para después abrirle de par en par las puertas de la Universidad.
Sánchez, rendido a Bildu
El acto se llevó a cabo mientras el Gobierno y la Delegación en el País Vasco miraban hacia otro lado, porque tal y como publicó OKDIARIO, la orden por parte de Pedro Sánchez está clara: este tipo de actos “son reprochables pero perfectamente legales”, todo ello provocado por la dependencia que tiene el nuevo Gobierno del independentismo tanto de Bildu, como, por supuesto, de ERC, formaciones que han tenido un papel decisivo en la investidura del presidente.
Este diario ha tenido acceso la documentación remitida oficialmente por la Delegación del Gobierno para comprobar si el veredicto esgrimido públicamente de que el acto fue “perfectamente legal” contaba con respaldo jurídico. Y la realidad es que esta Delegación no realizó ni tan siquiera un informe, recomendación, instrucción, solicitud de información legal o cualquier otra medida que permitiese evitar que el etarra diera una charla en las instalaciones de la UPV, la Universidad Pública del País Vasco. El acto supuso un grave incumplimiento del artículo 61 de la Ley de Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, charla que ya había sido criticada tanto por partidos políticos como por parte de las asociaciones de víctimas, que se movilizaron en contra del acto y que el propio delegado, Jesús Loza consideró entonces de indignante.
Sin embargo, ahora la Delegación del Gobierno asegura que “no existen informes relativos a dicho acto”, es decir, que a pesar de que recae sobre esta institución el deber de velar por la defensa de la dignidad de las víctimas, no lo hizo: simplemente se dedicó a dar un discurso grandilocuente de cara al público en el que Loza aseguró que “es un sarcasmo que el asesino de Txutxi Velasco y Eugenio Lázaro dé una charla en la universidad pública, que es el templo de la tolerancia, que la dé a 100 metros del lugar donde fueron asesinados Fernando Buesa y Jorge Díez, y en el día de los derechos humanos, cuando el primer derecho es el derecho a la vida”. Una declaración llena de buenas palabras pero que no llevaba aparejada ninguna acción de tipo jurídico o legal que evitase tal humillación para las víctimas y que pudiera incomodar a los socios de Gobierno de Sánchez.
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