El Gobierno con más asesores de la historia envía leyes al Consejo de Estado repletas de erratas

El martes 5 de julio el Boletín Oficial de Estado (BOE) publicaba el informe solicitado por el Gobierno al Consejo de Estado sobre el Real Decreto de desarrollo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. A pesar de que la citada norma obtiene del máximo órgano consultivo del Gobierno «una valoración global positiva», la mayor parte del texto elevado al Ejecutivo se dedica, como si de la corrección de un examen se tratara, a indicar las decenas de incorrecciones gramaticales, ortográficas o -incluso- a tener que citar al Diccionario de la Real Academia Española (RAE) para aclarar al Gobierno el correcto significado de algunas expresiones utilizadas en el Real Decreto presentado a estudio.

Empieza el informe remitido al Gobierno tirando de las orejas al Gobierno por remitir la norma por el procedimiento de urgencia sin justificar la necesidad de la misma «que constituye una regla excepcional»

El informe del Consejo de Estado, presidido por la ex vicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega, señala que «el texto remitido tiene que ser revisado para eliminar las erratas e incorrecciones gramaticales en las que incurre». Para el máximo órgano consultivo del Gobierno el lenguaje empleado en el Real Decreto «dificulta su comprensión y subsiguiente cumplimiento».

El informe califica partes del articulado en numerosas ocasiones como «innecesarias» o que  podrían ser eliminadas, reubicadas o refundidas. Ejerce el Consejo de Estado también de corrector de textos, advirtiendo del mal uso de los signos de puntuación repitiendo expresiones como «sobra una coma», amén de otras como «incorrección gramatical», «debería ir en singular» o » debe ser revisado porque no se entiende». Las advertencias formales llegan a señalar, por ejemplo, que el adjetivo subvencionable que figura en el primer párrafo del Real Decreto sometido a consulta «debería ir precedido de una conjunción disyuntiva».

Asimismo se recomienda al Gobierno «eliminar», «reubicar»o «refundir» determinados apartados del texto remitido.

Afina el informe, recordando al Gobierno que las acepciones del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) para el término transitorio usado en el redactado de la norma son «caduco, pasajero, temporal o fugaz» y que «por consiguiente debe tramitar de forma diligente» el desarrollo reglamentario del Real Decreto sometido a consulta.

Son numerosos los juristas que vienen alertando de la cada vez peor técnica legislativa en la redacción de las leyes, más allá de la insana costumbre  de introducir reformas legales de interés para el Gobierno en normas que en nada tienen relación con la mismas o redactar de forma en la que la ambigüedad es más regla que excepción, con el consiguiente deterioro de la seguridad jurídica.

En todo caso sorprende que el Gobierno con más asesores de la historia, sea tan chapucero. Según publicó OKDIARIO, el Ejecutivo gastó el año pasado 140.183.000 euros para mantener a sus cargos a dedo, cuyo número se ha ido incrementando exponencialmente. En 2020, por ejemplo, esa cifra fue de 130.609.000 euros. En 2019, antes por tanto de la formación del Gobierno de coalición con Podemos, los socialistas gastaron 121.709.000 euros. Y en 2018, año en que Sánchez llegó al poder a través de la moción de censura, 112.052.000 euros.