El gobierno de los jueces rechaza anular la inhabilitación de Baltasar Garzón por prevaricar
La Comisión Permanente desestima la petición del exjuez pese al dictamen de la ONU que consideró "arbitrario" su proceso
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha asestado un duro golpe a las aspiraciones de Baltasar Garzón de regresar a la carrera judicial. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ha rechazado de plano la petición del exmagistrado de anular los acuerdos que en 2012 decretaron su expulsión tras su inhabilitación por ordenar las escuchas telefónicas a los abogados del ‘caso Gürtel’.
La decisión, adoptada el pasado 22 de julio por la mayoría de los vocales de la Comisión Permanente, supone un nuevo revés para Garzón, que había puesto sus esperanzas en el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU que consideró «arbitrario» el proceso que llevó a su condena.
Los vocales han sido contundentes en su negativa. Según ha podido saber este medio, consideran que la sentencia que condenó a Garzón es firme y, por tanto, mantienen toda su validez los acuerdos que ejecutaron su inhabilitación. Una postura que demuestra que el órgano de gobierno judicial no está dispuesto a dar marcha atrás en una decisión que marcó un antes y un después en la carrera del exjuez.
Ahora bien el exjuez de la Audiencia Nacional no parece dispuesto a tirar la toalla. OKDIARIO ha sabido que Garzón ya ha presentado un recurso contra esta decisión, lo que significa que el CGPJ tendrá que revisar el asunto en un próximo Pleno.
La Fiscalía, en otra dirección
Mientras el CGPJ cierra filas contra las pretensiones de Garzón, la Fiscalía de la Audiencia Nacional tomó el pasado agosto una dirección completamente opuesta. El fiscal Manuel Campoy pidió al tribunal que instase al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a la «reparación integral» del exjuez.
En un escrito, Campoy solicitó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que condenase a la Administración Pública a «borrar y eliminar los antecedentes penales» de Garzón, al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales al condenarle a 11 años de inhabilitación por prevaricación.
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