El Gobierno deniega miles de visados a estudiantes extranjeros en plena ola de inmigración ilegal

Miles de estudiantes extranjeros están sufriendo en los últimos meses un auténtico infierno porque el Gobierno de España les está denegando sus visados para cursar títulos de máster en escuelas superiores y academias. De la noche a la mañana el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha cambiado el criterio. Mientras PSOE y Sumar lanzan un efecto llamada a los inmigrantes que vienen de forma ilegal en cayucos –con cifras récord en las últimas semanas–, los estudiantes de América Latina, Europa o Asia tienen graves problemas para seguir con su proyecto de vida.

En este sentido, tal como ha podido saber este periódico, los tribunales ya están emitido sentencias contrarias a las resoluciones del Gobierno. Por ejemplo, una estudiante llamada Vanessa ha recurrido la resolución del Subdelegado del Gobierno en Barcelona y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 17 de Barcelona le ha dado la razón. Se matriculó en un máster de marketing digital por un centro colaborador de la UDIMA y la magistrada ha entendido que sí correspondía alargar su estancia en España. Además, condena con 200 euros en concepto de costas a la Administración.

Varios afectados hablan con OKDIARIO. «Soy Arturo y vengo de Lima, Perú. Vine aquí a España a estudiar un máster en una Escuela Informática», expone. Explica que cumplió con «todos los requisitos para acceder a una visa por estudios gracias a una abogada», pero el Gobierno dos meses después de su llegada le denegó su visado para estudiantes. «¿Por qué? Porque han cambiado las normas. Me dicen que mi escuela no está incluida en un registro de universidades. Mi situación económica y psicológica es muy delicada y me cuesta acceder a un trabajo. No es justo», explica.

Por su parte, María Dolores, argentina de nacimiento, explica que vino a abril a España después de trabajar 12 años en el diseño textil. «Quise ampliar mis estudios y me matriculé en Cipsa. Como no europea no puedo estar más de tres meses. Tras gastar mucho dinero en mi carrera y en mi abogado, Extranjería me rechaza. Me dicen que mi universidad no tiene convenio y no es así. He tramitado un recurso judicial y me lo acaban de denegar. Me quedé muy damnificada». Lamenta que no pudo terminar sus estudios, empezó a estar en España de forma ilegal y tuvo que irse corriendo en avión. «He gastado mucho dinero y es una negligencia. Yo lo hice todo bien, lo tenía todo en regla y he recibido un maltrato. Es muy frustrante», agrega.

Los alumnos cumplen la Ley de Extranjería del 2000, una serie de requisitos como tener el dinero para la manutención, un seguro de accidentes, etc. Durante 22 años los jóvenes han venido estudiantes a estos centros docentes sin problema. Sin embargo, se decidió que España debía ser más abierta y darles posibilidad de acceder a prestaciones laborales. Sin embargo, en la práctica, la consecuencia es un aluvión de denegaciones de visados que antes sí se tramitaban.

Alejandro, un profesor de una de las escuelas afectadas, denuncia que estamos «ante otro cambio legislativo hecho deprisa y corriendo y sin valorar efectos». «El Gobierno se basa para denegar a los estudiantes los visados en una nueva e imaginativa interpretación de una ley que lleva 20 años en funcionamiento. Donde pone centro de enseñanza, en realidad, ahora hemos de entender centro docente, un concepto distinto completamente», lamente el citado maestro. La Ley de Educación de 2006 determina qué es y no es centro docente no universitario a través de un registro estatal que hasta ahora no se tenía en cuenta.

Miles de afectados

El resultado es que miles de alumnos que habían venido a estudiar se han quedado en una situación, o de ilegalidad condenándoles a subsistir como víctimas de la economía sumergida, o bien directamente han tenido que volverse a su país. Varias escuelas han tenido que cerrar ante esta «sinrazón». «Llevamos un año terrible, intentando apoyar a nuestros alumnos, viviendo historias realmente conmovedoras. Personas de gran preparación, con ánimo de estudiar y de aportar al país y que en algunos casos han tenido que recurrir a la indigencia o a la caridad para poder subsistir», agregan las fuentes consultadas. Ninguna escuela quiere denunciar la situación para no tener represalias y «entrar en listas negras».

Llama la atención que hay discriminación en función de la provincia. En Cataluña la situación es especialmente grave, mientras que en Madrid se ha adoptado otro criterio tras una orden ministerial.

El Colegio de Abogados de Barcelona ha intentado mediar con Extranjería sin éxito e incluso ha llegado a hablar con la subdelegada del Gobierno sobre estos visados para estudiantes. «Prometió una solución, pero no llega», comenta el profesor. También el Ayuntamiento de Barcelona está al tanto, pero aparentemente no hace ningún movimiento.

«En resumen, una ley de extranjería supuestamente aperturista, que da más derechos a los inmigrantes de cara a la galería, esconde una realidad muy desagradable. Han roto cientos de sueños, ilusiones y proyectos de vida, de estudiantes, que vienen a nuestro país de manera ordenada, cumpliendo las reglas del juego impuestas, se le menosprecia. Veo intereses políticos ocultos como no engordar las cifras de paro o tapar una nueva ley chapuecera», concluye.