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El Gobierno confía en que la luz verde del Tribunal de la UE a la amnistía le facilite volver al pacto con Junts

La última palabra, tras la sentencia europea, la tendrá el Constitucional de Pumpido

  • Esther Jaén
  • Corresponsal política en OKDIARIO. Colaboradora y analista política en radio y televisiones. Te leo en esther.jaen@okdiario.com

El Gobierno de Pedro Sánchez confía en que la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sea favorable a los intereses de los políticos catalanes condenados y fugados a raíz del 1-O. De este modo, con una sentencia favorable, aunque contraria a las tesis del Poder Judicial español que ha intervenido en el Procés, el presidente del Gobierno cree que podrá retomar relaciones con Junts, según fuentes del ejecutivo, a cuenta de la posible vuelta a España del expresidente catalán Carles Puigdemont.

Desde que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, anunció la ruptura de relaciones con el Gobierno que preside Pedro Sánchez y al que su grupo facilitó la investidura a cambio, entre otras cosas, de la Ley de Amnistía que había de permitir el retorno a España de Puigdemont, las relaciones entre Junts, PSOE y Gobierno han ido de mal en peor, aunque los de Puigdemont no han propiciado la caída del Ejecutivo de Sánchez.

Según fuentes próximas a Sánchez, una sentencia favorable a las tesis de los independentistas condenados y fugados dejaría en manos del Tribunal Constitucional, que preside el magistrado Cándido Conde Pumpido y en el que existe una mayoría pro gubernamental, la última palabra sobre la aplicación de la amnistía, al menos hasta la fecha.

Es en este punto, según las fuentes consultadas, donde entra en juego la capacidad de «influencia» del Gobierno sobre el Constitucional y el hecho de que tanto el Ejecutivo como diversos miembros del órgano encargado de interpretar la Constitución hayan hecho, durante los últimos años, un potente trabajo de lobby en favor de las tesis independentistas.

El presidente del Gobierno, según los consultados, considera que el Ejecutivo siempre «ha remado a favor» de una resolución que permita levantar la inhabilitación de algunos, como el líder de ERC, Oriol Junqueras, y la vuelta a España, permitiendo también su presentación como candidato en futuras elecciones a Carles Puigdemont. Pero si no ha sido posible hasta la fecha, ha sido, a su juicio, por la actuación del Poder Judicial español.

Los presupuestos de fondo

Por ello, lograr que el Tribunal Constitucional avale la posible vuelta a España de Puigdemont está en los cálculos presidenciales como uno de los «incentivos» posibles para hacer que los del expresidente catalán «vuelvan al redil» de la mayoría de la investidura, así sea únicamente para iniciar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.

De hecho, en el entorno de Sánchez son pocos quienes creen que el presidente será capaz de llevar a cabo su plan de agotar la legislatura hasta el límite del verano de 2027, pero sí admiten que si Junts «ve, por fin, cumplida su exigencia de amnistía efectiva, podemos empezar a hablar de presupuestos con ellos, algo que no ha sido posible hasta ahora».

Hasta la fecha, tanto el Grupo Parlamentario de Junts, que no deja de acusar de «incumplimientos» al Gobierno de Sánchez, como el Grupo Socialista, confirman que no hay contacto alguno entre ellos: no se llaman, ni se molestan en comentar iniciativas, puesto que, según un miembro de la dirección socialista, «ellos no quieren pactar nada y deciden cada votación según su agenda y sus intereses particulares en cada momento».