El Gobierno admite ahora que regularizará a «más de 500.000» ilegales: «Es difícil contabilizarlos»

El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha empezado a admitir que la regularización de inmigrantes ilegales del Ejecutivo va a afectar a «más de 500.000», o incluso una cantidad superior, porque «es difícil contabilizarlos». En un principio, se hablaba de que esta medida podría afectar únicamente a medio millón de personas, pero posteriormente las instituciones independientes aseguraron que la cifra podía ser mucho mayor. Ahora, el Ejecutivo reconoce que sólo tiene «estimaciones» de la cifra de extranjeros en esa situación administrativa porque esas personas «por su condición irregular, en ocasiones evitan los censos y registros oficiales».

El Ejecutivo socialista ha admitido a través de una respuesta parlamentaria por escrito tras una pregunta por escrito de Vox sobre el «número de inmigrantes en situación irregular que hay en España e incremento desde el año 2018, acciones que han favorecido este número e impacto socioeconómico y laboral de los mismos, así como medidas previstas para evitar una caída de los salarios a la baja y previsiones de realizar un seguimiento estadístico de la evolución en el mercado de trabajo de los que se acojan a la regularización».

La administración central reconoce que «se manejan distintas estimaciones» sobre el «número de personas inmigrantes que se encuentran en situación irregular en nuestro país». Y lo justifican en «la dificultad de contabilizar» a los extranjeros en esta situación administrativa que «por su condición irregular, en ocasiones evitan los censos y registros oficiales».

«En cualquier caso, hay distintos organismos e instituciones que realizan diferentes cálculos que vienen a coincidir en que hay más de 500.000 personas en situación irregular en España», argumentan desde el Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde un principio, aseguraron que rondaría el medio millón de regularizaciones. Sin embargo, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ya aseguró que «se habla de unas 500.000 personas», pero que «a lo mejor se está más cerca de las 800.000».

Esta afirmación va en la misma línea de los cálculos que hizo la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas). Según esta institución, la cifra de extranjeros residentes en España en situación administrativa irregular «podría haber alcanzado, a 1 de enero de 2025, la de 840.000». «Representaría el 17,2 % de la población extranjera procedente de países no comunitarios», subrayaba este ente independiente.

En cualquier caso, el Gobierno reconoce que no sabe cuál es la cifra de inmigrantes irregulares que podría beneficiarse de esta medida y que, pese a haber aprobado ya la regularización masiva, sólo tienen «estimaciones» de las personas en esa situación administrativa.

Regularización masiva de inmigrantes

PSOE y Podemos acordaron a finales de enero una regularización masiva de inmigrantes que, posteriormente, acabó aprobándose en el Consejo de Ministros.

La medida afecta a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025 y, en sus primeros cálculos, puede suponer la regularización de más de medio millón de personas, pero que podrían ser 300.000 más si recurren a la figura del arraigo, lo que permitiría también incluir a familiares de estos beneficiarios. Los beneficiarios tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España, algo para lo que simplemente será necesario aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales u otros como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

El procedimiento permite que los inmigrantes ilegales tengan derechos desde el mismo momento de la presentación de la solicitud, pues ya entonces quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesarán sobre la persona. Cuando se admita a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Alberto Núñez Feijóo alertó hace unos días en Bruselas, donde se celebraba la Cumbre del PP Europeo, sobre los efectos de la regularización masiva de Sánchez: «Europa tiene que decir quién entra y en qué condiciones» y advirtió de que las políticas del Ejecutivo español «fomentan el efecto llamada» tras el estallido de la guerra desatada en Irán.