Granados recurre ante la Audiencia Nacional la decisión de no imputar a Simancas en Púnica

El ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y ex número 2 del PP en la región, Francisco Granados, ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional en el que solicita que se impute al diputado socialista Rafael Simancas y otros miembros del PSOE en Púnica por financiación ilegal tras ser señalados por el cabecilla de la trama, el empresario David Marjaliza.

En el escrito, de 52 páginas, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el abogado Javier Vasallo manifiesta su más absoluta»disconformidad con el auto dictado el 2 de octubre» en el que el magistrado Manuel García-Castellón, en línea con la Fiscalía, desestimó la solicitud de imputación de Simancas y otros miembros socialistas que aparecen en los papeles de la caja B aportada por el empresario Marjaliza a la causa. Entre ellos destacaban los ex alcaldes socialistas en Pinto, Antonio Fernández; en Cartagena, José Antonio Alonso Conesa; en Parla, Tomás Gómez y José María Fraile; y el ex portavoz del PSOE en Aranjuez, Lorenzo Sánchez. Del mismo modo, Granados solicitó al juez que citasen a declarar los socios de Marjaliza entre los que se encuentra el imputado José Luis Capita.

Un millón al PSOE 

Marjaliza detalló al magistrado en su última declaración los pagos realizados en negro entre 1999 y 2003 a diferentes formaciones políticas: 970.290 euros para el PSOE de Madrid, 105.489 euros para el PP y 15.025 euros para IU. El cabecilla de la Púnica insistió en que la cantidad pagada a los socialistas era de casi un millón y que además de esos pagos se habían pagado «otras cosas», según manifestaron fuentes consultadas por este periódico.

Asimismo, el empresario aportó al juzgado como pruebas libros contables con anotaciones manuscritas correspondientes a los supuestos pagos. Esta nueva doble contabilidad fue entregada al instructor seis años después de que estallase el caso de corrupción y a punto de finalizar la instrucción de la causa.

«Prescripción»

Sin embargo, el juez en línea con el Ministerio Fiscal desestimó las imputaciones de los miembros socialistas al considerar que los hechos delictivos que denunció el empresario Marjaliza «han prescrito».

El letrado Vasallo argumenta en su recurso de reforma y subsidiario de apelación, es decir, que tendrá que resolverse en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que: «El contenido del auto carece de argumentación o motivación alguna, al no justificar los procesos intelectuales que han llevado al Juzgado a efectuar la decisión recogida en el auto (…) lo cual lleva a esta parte a desconocer los motivos por los que el Juzgado ha tomado la decisión de archivar las actuaciones, que se traduce en una imposibilidad de defensa».

Fiscalía optó por investigar

Además, recuerda que existen hechos similares en la causa que afectan al ex consejero ‘popular’ y que, sin embargo, la Fiscalía optó por investigarlos. En su escrito el Ministerio Público señaló: «Los hechos investigados no están prescritos, ya que aunque empiezan a cocinarse cuando el investigado Francisco Granados llegó a la alcaldía de Valdemoro en el año 1999, obedeciendo a su afán por enriquecerse con la gestión de los fondos, suelos y patrimonio de Valdemoro, sin embargo, se ejecutaron de forma continuada durante los años posteriores». Una tesis que no apoyó el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional pero la Sala de lo Penal obligó al instructor a investigar a Francisco Granados por tales hechos.

Ante este cambio de criterio de la Fiscalía, que opta por investigar a Francisco Granados por delitos cometidos presuntamente en 1999 pero que, sin embargo, cuando son miembros del PSOE los autores de dichos delitos se acogen a la prescripción del mismo, el abogado Vasallo reflexiona: «Pues bien, ¿qué ha cambiado en este caso para que el Ministerio Fiscal hubiese cambiado de opinión con relación a la ya alegada continuidad delictiva en relación con mi defendido? ¿Que los representantes mencionados ostentaron responsabilidades políticas durante esos periodos en el Partido Socialista Obrero Español? Insistimos: la Justicia no distingue entre Partido gobernante y no gobernante; partido de izquierdas o partido de derechas».

Añade: «Este cambio de parecer por parte de la Fiscalía evidencia una vulneración del principio de igualdad de armas procesales, con la consiguiente indefensión generada a esta parte, pues ante unos mismos hechos y una misma tesitura, se actúa de manera diferente».

Marjaliza 

Además, el letrado de Francisco Granados señala que la Fiscalía y el resto de las acusaciones, en esta causa están personados el Partido Socialista e Izquierda Unida, deben tener en consideración el testimonio de Marjaliza, puesto que le han otorgado «máxima credibilidad, como única prueba de cargo, para tratar de preconstituir pruebas en contra de mi representado y otros».

Sin embargo «aunque desde sus primeras declaraciones Marjaliza afirmó haber pagado comisiones a todos los partidos políticos (PSOE, PP e IU), la fiscalía no ha solicitado una sola prueba ni la UCO ha elaborado un sólo informe al respecto: ni siquiera después de la presentación sucesiva de documentos que supuestamente demostrarían esos pagos», señala.