La ‘fontanera’ Leire Díez daba el visto bueno en Correos a contratos de más de 2 millones

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 22/12/2025 05:46
  • Actualizado: 22/12/2025 08:23

Del paso de Leire Díez por Correos, donde ejerció como directora de Relaciones Institucionales y Filatelia entre 2022 y 2024, existen ejemplos de su influencia en la empresa estatal. La conocida como fontanera del PSOE llegó a licitar contratos de casi dos millones de euros, según se desprende de la documentación consultada por OKDIARIO.

En julio de 2022, por ejemplo, Díez dio el visto bueno a los pliegos para la adquisición de VTI- vehículos de transporte interno- para Correos, con un presupuesto de 2.210.520 euros.

En octubre de ese mismo año validó la contratación de los servicios de traslado y adecuación museística del Museo Postal y Telegráfico a Toledo. El presupuesto era de 1.823.250 euros. El servicio fue adjudicado finalmente por 786.000 euros.

La ex dirigente socialista también supervisó el acuerdo marco para «los servicios de diseño y maquetación e impresión, producción y manipulación de distintas carpetas y estuches filatélicos, de temáticas variadas, para la venta a los abonados y clientes no filatélicos». El presupuesto base, en este caso, ascendía a 1.034.790 euros. Como en el caso anterior, Díez firmó los pliegos de la licitación como directora de Relaciones Institucionales y Filatelia. Fue en febrero de 2022. 

Díez, igualmente, tuteló los expedientes de otros contratos, como la compra de embalajes, apiladores, carretillas, o la contratación «del servicio de transporte última milla de productos voluminosos en el territorio peninsular español e Islas Baleares». En este caso, con un presupuesto de 976.325 euros. 

Mordidas

La ex militante del PSOE fue detenida en el marco de la investigación por el cobro de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En concreto, se indaga si los tres detenidos se hicieron con más de 700.000 euros en comisiones «implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI» en cinco operaciones, según consta en una resolución del Juzgado Central de Instrucción Número 6.

El juzgado señala, a partir de las indagaciones de la UCO, que Díez, además del ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Antxon Alonso -socio del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán- pertenecen a un grupo autodenominado Hirurok que «podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública».

En actos del Gobierno

Que la «militante» Leire no era ninguna desconocida lo prueba además su participación en distintos eventos de alto nivel. En 2019, participó en la cumbre COP25 de Naciones Unidas, que se celebró en Madrid y que contó con la presencia de Sánchez y una nutrida representación de ministros.

La fontanera del PSOE acudió al evento internacional, el foro político anual más relevante sobre cambio climático -con presencia de 200 países-, donde habló de «igualdad y transición ecológica como un binomio fundamental para el desarrollo sostenible».

Por entonces, Leire Díez era jefa de Comunicación en ENUSA, la empresa pública vinculada al sector nuclear, donde permaneció desde 2018 a 2021. Un cargo para el que la recomendó el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, como él mismo reveló en OKDIARIO.

Díez, conocida por su activismo a favor de Pedro Sánchez en las Primarias, impulsando campañas de movilización de la militancia, tuvo una progresión ascendente en los organismos estatales. Entre 2022 y 2023 ocupó varios cargos en Correos, como el de directora de Relaciones Institucionales y Filatelia, bajo la presidencia de Juanma Serrano, íntimo amigo del presidente del Gobierno.

La fontanera está también imputada en otra pieza por los delitos de cohecho y tráfico de influencias por sus maniobras contra la Fiscalía, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y determinados jueces para tratar de obtener información y frenar las causas judiciales que afectan al entorno de Sánchez.